La Secretaría de Honestidad y la Función Pública de Baja California investiga cinco denuncias derivadas de irregularidades en el Sistema Educativo Estatal (SEE), las cuales representan un daño al erario por más de 220 millones de pesos.
Rosina del Villar Casas, titular de la primera institución, aseguró que las denuncias corresponden a actos realizados entre 2020 y 2021, y podrían incluir la participación de 49 ex funcionarios públicos, de los cuales 48 son de la administración anterior, encabezada por Jaime Bonilla Valdez, y uno de la previa, de Francisco Vega de Lamadrid.
Dentro de estos, sin embargo, no aparece el nombre del ex-titular de Educación en el periodo de Bonilla Valdez, Catalino Zavala Márquez, quien fungió como secretario general del gobierno del estado en la actual administración, hasta su renuncia para buscar una candidatura en el actual proceso electoral.
Del Villar Casas aclaró que se trata de denuncias diferentes a las dos que se habían dado a conocer previamente sobre la compra de uniformes y módulos de lavamanos durante la pandemia por Covid-19.
Entre las nuevas denuncias resalta un presunto desfalco por 64 millones de pesos en el rubro de mantenimiento menor a escuelas, en el cual estarían implicados 11 servidores públicos y un particular.
Los señalados fueron denunciados por los delitos de ejercicio ilícito del servicio público, coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones y facultades, y peculado.
Se cuenta, además, con una investigación ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) en contra de siete ex-servidores públicos por faltas administrativas graves.
“Hicimos la fiscalización respectiva y no encontramos que los trabajos que se facturaron hayan sido llevados a cabo, presentamos la denuncia y se encuentra ya en la Fiscalía General de la República (FGR), porque el recurso también pertenece al gobierno federal”.
Existe, además, una denuncia por más de 12 millones 644 mil pesos en contra de diversos funcionarios públicos por la adjudicación y celebración de contratos con recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE).
Derivado de este caso se presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada por Delitos de Corrupción de la FGR, por los presuntos delitos de ejercicio ilícito del servicio público, coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones y facultades, y peculado.
A estas se suman otros dos desfalcos identificados por la dependencia estatal, por 31 millones de pesos y 66 millones, respectivamente, pero no se dieron mayores detalles.
La quinta denuncia corresponde al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyte), por la utilización de recurso federal con un fin distinto a lo etiquetado, por un monto de 47 millones 447 mil pesos.
Por este caso, explicó la funcionaria, se denunció ante la FGR a un ex-servidor público, quien fungió como director general de la institución educativa, por uso ilícito de atribuciones y facultades y peculado.
Asimismo, se señaló que el funcionario cuenta con una denuncia ante el TEJA por una falta administrativa grave.
Del Villar Casas confirmó la existencia de desvíos de recursos, uno por casi 600 mil pesos y otro por ocho millones, en la Universidad Politécnica de Baja California (UPBC), caso por el que también se abrieron investigaciones ante la Fiscalía y el TEJA.
En agosto del 2022, el entonces rector de la institución, Jesús Esteban Castro Rojas, fue removido de su encargo por negar el acceso de auditores a los archivos contables de la institución.
En cuanto a las denuncias ante el TEJA, derivadas del fallido del proyecto de la planta fotovoltaica de Next Energy en Mexicali, Del Villar Casas puntualizó que uno de los casos ya tuvo resolución.
“Un funcionario de primer nivel, ex oficial mayor, sancionado por tres años de inhabilitación, en la cuestión administrativa; la cuestión penal la trae nuestro consejero jurídico”.
En total fueron cinco los procesos administrativos los que se iniciaron ante el TEJA, los cuales esperan que sean resueltos próximamente.
Sobre la investigación en contra de Valeria “N”, ex-funcionaria de la Secretaría de Bienestar estatal, acusada de condicionar apoyos sociales por el apoyo a un aspirante a candidato para la elección federal, Del Villar Casas señaló que hay dos denuncias en desarrollo.
Una de ellas, explicó, incluye al entonces titular de la Secretaría del Bienestar estatal, Netzahualcóyotl Jáuregui Santillán, mientras que la otra fue presentada por este mismo funcionario.
“Quiero decirles que ya compareció la presunta responsable, estamos avanzando en los temas, estamos localizando a los líderes; el problema aquí es que se está basando en una grabación que se publicó, y para nosotros no es una prueba”.
Sobre el presunto líder de colonia que fue condicionado para dar su apoyo al entonces aspirante a candidato presidencial Adán Augusto López, Del Villar Casas confirmó que ya fue localizado, pero no ha comparecido ante las autoridades para dar su declaración.
