La prisión preventiva oficiosa ha tenido buenos resultados, positivos y grandes injusticias, ya que muchas veces la facultad de los jueces para aplicar la prisión preventiva no es la más correcta, sobre todo en otros delitos dependiendo del análisis de la peligrosidad del individuo, y no por medio de un catálogo, manifestó el diputado Juan Manuel Molina García.
“Es un análisis muy interesante que se hace a la luz de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque al final de cuentas ha tenido sus resultados positivos, y sus grandes injusticias, y eso no solo en este tema, una serie de cosas adicionales, porque aún cuando tenemos un catálogo de cuales son los delitos a nivel federal que aplican la prisión preventiva también tenemos la facultad de los jueces”.
Molina García mencionó que transitar a la situación de la eliminación de la prisión preventiva será, a su vez, transitar hacia el cambio de mentalidad de los jueces, ya que de ser eliminada, si los jueces no ejercen bien su trabajo, ponderando el análisis individual de la persona y de su peligrosidad social.
“Si no ponderan el análisis individual de la persona y de su peligro que puede representar para la sociedad, podemos tener mucha gente circulando en la calle que representa un verdadero riesgo para la víctima, para la parte ofendida o para el resto de ciudadanos que buscan vivir tranquilos” agregó.
Por último, el legislador señaló que el debate se encuentra entre sí la prisión preventiva no está prejuzgando la inocencia o culpabilidad de la persona, pero en realidad cuando se estableció era hacer una ponderación entre el derecho del ciudadano y su presunción de inocencia al riesgo de la sociedad tratándose de distintos delitos.
“Como el delito de secuestro, el delito de homicidio, el de violación, entonces eliminandola estarémos en manos completas de que los jueces hagan verdaderamente su trabajo de análisis individual de la persona de la peligrosidad y que la fiscalía aporte los recursos que resulten necesarios probatorios para poder definir a una persona como un riesgo para la sociedad” agregó el diputado.
En contexto, luego de que El Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte aprobó eliminar la prisión preventiva oficiosa o “prisión automática” en 18 estados del país, donde las personas privadas de la libertad podrán pedir otras medidas cautelares.
El órgano del Poder Judicial de la Federación, con residencia en la Ciudad de México, tomó la decisión con base en las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en los casos Tzompaxtle Tecpile y otros contra México y García Rodríguez y otro contra México, en las que se condenó al Estado mexicano y se declaró la inconvencionalidad de esta figura.
Una vez que sea publicado, se eliminará la prisión preventiva en Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Sonora, Coahuila, San Luis Potosí, Sinaloa, Guanajuato, Chihuahua, Tamaulipas, Querétaro, Zacatecas, Nayarit, Durango, Baja California Sur, Tlaxcala y Aguascalientes.
