Un recurso de acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma a la Ley Electoral de Baja California, que elimina la obligatoriedad de los candidatos y candidatas de acudir a los debates, fue interpuesto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por diputada Daylín García Ruvalcaba y el partido Movimiento Ciudadano (MC).
En contraste, el inicialista de la reforma, diputado Juan Manuel Molina García, manifestó que no se puede obligar a nadie a ir a una tribuna a debatir.
“Nadie está obligado a dar una entrevista, habemos algunos que cuando se nos pregunta algo contestamos y lo sabemos y si no, nos reservamos y contestamos ya estando informados; entonces no se puede sentar a nadie en una mesa de debate político”, puntualizó.
EL RECURSO
La diputada García Ruvalcaba explicó que inicialmente la demanda se hizo por abogados mexicalenses y posteriormente otros del partido MC a nivel nacional la concluyeron y presentaron ante la SCJN.
“También se genera una solicitud de suspensión en lo que se resuelve lo de la SCJN, para que no se esté violentando la autonomía del Tribunal Electoral local.
“Con esto pretendemos responsabilizarnos en nuestro actuar, de representación ante la ciudadanía y defender la democracia, hay un atentado latente en contra de la autonomía del Tribunal Electoral en Baja California, nos limitan el acceso a la información al no obligar a que debata quien busque un espacio de elección popular”, añadió.
García Ruvalcaba mencionó que se dieron treinta días para presentar dicho documento, por lo cual se entregó el lunes reciente y esperan que por estar en proceso electoral la SCJN resuelva pronto, en alrededor de un mes y medio.
LA DEFENSA
El diputado Molina García reconoció que un debate es informar a través de la réplica y contrarréplica, en donde hay muy buenos oradores y maestros de la retórica que políticamente no lograron hacer nada, como es el caso del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
“Antes, el PRI era muy dado a ir a capturar a los ganadores de los concursos de oratoria nacionales y a la hora de la hora no fueron los mejores gobernantes, el caso es que ya hasta el registro seguramente van a perder en la próxima elección en Baja California”, añadió.
También indicó que los debates seguirán siendo organizados por el Instituto Estatal Electoral (IEE), en donde el que quiera acudir lo podrá hacer y el que no desee participar no habrá sanción ni ninguna diferencia.
“Los debates subsisten, pero así como se tiene un derecho a la libertad de expresión es una dualidad de derecho, también tiene alguien derecho a quedarse callado”.
En cuanto al recurso de acción de inconstitucionalidad comentó que los artículos mencionados no pueden ser vulnerados ya que el artículo 105 establece los derechos de promover acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales con la Ley Reglamentaria de la Constitución, la cual establece las bases del procedimiento de la misma acción.
“El artículo 16 es el que marca en la constitución el derecho a que nadie puede ser molestado en su persona, vida, en sus derechos, si no es mediante orden fundada y motivada de una autoridad competente por escrito, en donde se explique la causa del procedimiento”, concluyó.
CONTEXTO
El 2 de septiembre del presente año la legislatura local reformó artículos de la Ley Electoral del estado de Baja California y de la Ley de Partidos Políticos del estado, para establecer que no será obligación de los candidatos participar en los debates públicos para las próximas elecciones 2023-2024 a excepción de gubernaturas.
El IEE posteriormente resolvió que no pueden agregar términos como “deben acudir a los debates”, por el candado interpuesto en la reforma electoral que eliminó el término “obligatoriedad”.
Ante dicho escenario, el consejero presidente del IEE, Luis Alberto Hernández Morales, afirmó que realizarán los debates; siete distribuidos uno en cada municipio y otros 17, uno en cada distrito electoral, donde la asistencia de los y las candidatas será voluntaria, pero el costo de realizarlos será el mismo.
El proceso electoral local comienza el 3 de diciembre, para renovar el Congreso y los siete ayuntamientos del estado.
En las mismas elecciones del próximo año también se votará por diputados federales y senadores.
EL TRIBUNAL
Por su parte, la regidora por MC Bárbara García Reynoso explicó que se vulnera la autonomía del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California por los artículos 16 y 105 de la Ley Electoral, ya que la reforma los obliga a que de manera unánime deben de votar para poder aprobarse los presupuestos, cuando se podría dar negociación o acuerdos.
Y una crítica que realiza es la posible violación a la autonomía del Tribunal.
