Debido a que el Congreso local ha violentado el Estado de derecho en Baja California, con la llamada “Ley Bonilla” y con la consulta popular, la senadora Gina Cruz Blackledge, pide al Legislativo que corrija y envíe al Ejecutivo la publicación de la primera y la cancelación de la segunda.
La senadora por Baja California expuso que la Constitución se está violentando de manera sistemática en el Estado de Baja California, con el intento de ampliar arbitrariamente el periodo de Gobierno del próximo Gobernador de la entidad, por la famosa llamada “Ley Bonilla”.
Exhortó al Congreso del Estado de Baja California a corregir la referida reforma que fue aprobada el 8 de julio, es decir, un mes y una semana posterior a la jornada electoral, y mediante la cual, se amplía de 2 a 5 años el periodo de Gobierno, e informar a la sociedad al respecto.
“Además se ha sumado el lamentable intento de organizar una consulta popular a modo, para ampliar el mandato constitucional, lo que contraviene a la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja California, y es violatorio a la Ley Federal de Consulta Popular”.
Gina Cruz expuso que es un auténtico insulto a los bajacalifornianos y a los mexicanos, quienes acudieron a las urnas el pasado mes de julio, ya que no hay claridad en cuanto a quien realizará la consulta, en cuanto a la metodología, de dónde vendrán los recursos para llevarla a cabo.
Los legisladores actuales deben de proceder en el enviar al Ejecutivo estatal la citada “Ley Bonilla” para su publicación en el Periódico Oficial del Estado, para que pueda ser impugnada ante los tribunales.
“Estamos convencidos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) echará abajo esta reforma, además, solicitamos que se suspenda la consulta popular”.
Con estas acciones del Congreso local, se está poniendo en riesgo el pacto federal, y de no ponerle un alto, habría gravísimas consecuencias para la República.
“La modificación del periodo de Gobierno aprobada por el Congreso local, viola a todas luces los principios constitucionales que caracterizan la función electoral, principalmente la legalidad y certeza que deben caracterizar a las elecciones”.
“Los bajacalifornianos acudimos a las urnas en el entendido de que votaríamos por un Gobernador cuyo mandato sería de 2 años, el Congreso local desconoció en los hechos este mandato popular, con lo que no solo se violó el orden constitucional, sino que también se violentó la voluntad popular”.
