Ante la designación pendiente de un nuevo fiscal para Baja California, tras la renuncia de Ricardo Iván Carpio Sánchez, representantes de la sociedad civil coincidieron en que se debe de elegir a alguien que ya tenga experiencia en la procuración de justicia, pero sobre todo, que tenga capacidad para trabajar en equipo, en coordinación con otros órdenes de gobierno.
Irma Leyva, lideresa del colectivo Madres Unidas y Fuertes, manifestó estar a favor de que se elija a Rafael Orozco Vargas como nuevo fiscal. Dijo respetar su trabajo y que considera que tiene el carácter necesario para hacer las cosas como debe de ser, siguiendo las reglas, de tal manera en que cumpla con el objetivo de miles de familias, que es encontrar desaparecidos.
En su experiencia como activista, dijo preferir a Orozco sobre María Elena Andrade Ramírez, debido a que considera que la todavía actual titular de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California, tiene mayor experiencia en materia de seguridad pública, liderando a fuerzas policíacas, o de reacción.
“Creo que ha hecho un buen papel ahí donde está y como ya tiene experiencia y no ha tenido broncas, para que le busca, mejor que ahí se quede en el sistema penitenciario; no queremos un fiscal que se deje manejar por cualquier colectivo o porque son conocidos, o por el temor al qué dirán”, manifestó.
Sobre José Antonio Lozano Blancas, dijo no tener una opinión, debido a que no lo conoce,
Por su parte, Octavio Sandoval López, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Mexicali (Coparmex), manifestó que está de acuerdo con la terna que presentó la gobernadora.
Opinó que más que un perfil, es necesario que las autoridades le reasignen más recursos, toda vez que el ex fiscal Carpio admitía que hacían falta personal para la investigación, así como infraestructura y equipo para identificar cuerpos, para que de resultados.
“Los tres perfiles cumplen los requerimientos, se necesita experiencia y carrera en fiscalía y de procuración de justicia para que hagan un buen trabajo, esperamos que haya resultados a finales de año.
“Vemos muchos pendientes de asuntos que no se resolvieron, de los desaparecidos, de los periodistas asesinados, de los actos de corrupción que solo están exhibidos, del gobierno anterior y de cuando se reportó lo de los contratos de alimentos en el sistema penitenciario, solo se quedó en declaraciones, no hemos visto el combate a la corrupción”.
“No queremos pronunciarnos por alguno de ellos, ya que estén ahí, les queremos pedir resultados, ya después de 3 meses estando en el cargo, esperamos un cambio de ruta; lo que se hizo con el fiscal anterior, no se redujeron los niveles de gobierno", manifestó.
Por su parte, Ángel Zaizar Prado, presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública d Mexicali, instó a que se elija a una persona que sea abierta y que tenga la habilidad de mantener una buena coordinación con otros órdenes de gobierno, pero también al interior de la misma fiscalía.
No quiso pronunciarse a favor o en contra de las persona propuestas sobre la gobernadora, solo dijo haber trabajado bien con María Elena Andrade Ramírez y con Rafael Orozco, mientras que a José Antonio Lozano Blancas no lo conoce.
“La decisión está en manos del Congreso y ellos si consideran que no cumplen con los perfiles, que pidan nuevamente otros perfiles, tienen la facultad de hacerlo, el nuevo fiscal debe haber estado antes en una fiscalía, tener los años de experiencia y sobre todo tener mucha coordinación dentro de su propio equipo, es un organismo muy grande, son siete municipios, todo se multiplica, necesita un equipo robusto adentro. Lo que pedíamos como comité, es que fuera una persona con experiencia y con ese trabajo en equipo”.
Los perfiles
Rafael Orozco actualmente es encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado de Baja California, tras la renuncia de Carpio Sánchez el pasado 10 de agosto.
Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), también es maestro en Derecho por la Universidad Iberoamericana y doctor en Derecho Penal por el Centro de Estudios de Posgrado.
María Elena Andrade Ramírez es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California. Ha laborado en el Tribunal Superior de Justicia Adscrita a los Juzgados Penales representando diversos Cargos como lo son Secretaria de Acuerdos, Secretaría Proyectista y Juez por Ministerio de Ley. También fue Subprocuradora de Justicia de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California.
Por su parte, José Antonio Lozano Blancas, es licenciado en Derecho por la UABC. También cuenta con una maestría en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias por el Centro Universitario de Baja California. Él fue subprocurador de Tecate en la administración de la ex procuradora Perla del Socorro Ibarra Leyva.
