Las mujeres que se encuentren en prisión por el delito de aborto podrían solicitar la liberación, tras resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que es inconstitucional penalizar la irrupción del embarazo en etapa temprana, explicó el abogado penalista Rosendo Joaquín Cervantes García
El presidente del Colegio de Abogados de Mexicali y miembro de la Asociación de Criminología del Noroeste, delegación Mexicali, explicó que el procedimiento no es en automático; primero se debe de publicar la resolución de los ministros en el Semanario Judicial de la Federación.
Con ello, las mujeres en prisión podrían solicitar la revisión y se aplique el beneficio al dejar de ser delito la irrupción del embarazo encuadrado en los lineamientos que sentenció la SCJN.
También comentó que debería ser una acción por oficio de parte del órgano que depende de la Secretaría General del gobierno estatal sin necesidad que la mujer pida la liberación
Por su parte, el abogado Anwar Ramos Gaona, ex presidente del colegio de abogados en Mexicali y ex director de consultoría legislativa en el congreso de Baja California, informó que también los diputados pueden legislar para derogar los artículos que penalizan la irrupción del embarazo en etapas tempranas.
Porque aunque la resolución fue aplicable a Coahuila, la norma se encuentra vigente en diversos Estados del país y la sentencia de la Suprema Corte emite que la acaten todos los jueces porque si no se contraviene a la Constitución federal.
El diputado Juan Manuel Molina García coincidió que las mujeres en prisión pueden acceder al beneficio de libertad al eliminarse la penalidad por el aborto en etapa temprana.
Pero también se debe de revisar cada caso en particular para determinar que no tenga una sentencia por delitos adicionales.
Agregó que desde la esfera legislativa, buscarán ajustar la leyes para empatar la constitución federal y estatal.
LO ACTUAL
En Baja California 234 mujeres enfrentan un proceso penal por el delito de aborto del 2016 a la fecha, según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Tras la decisión de la SCJN que declara inconstitucional considerar el aborto como un delito, grupos feministas esperan que estos procesos penales sean absueltos, señaló Meritxell Calderón, Presidenta de la Red Iberoamericana pro Derechos Humanos.
“Lo que ha llevado a muchas mujeres, sobre todo jóvenes y pobres a pasar años de su vida en prisión.”
Agregó cada Estado tendrá que legislar para despenalizar de sus códigos penales la interrupción del embarazo y que el aborto sea un servicio de Salud accesible para las mujeres.
Por otra parte, el diputado Molina García declaró que los médicos deben de acatar la resolución de la SCJN sobre la interrupción del embarazo voluntario y si no “los invito a que renuncien”.
Explicó que los médicos que trabajan en una institución pública tienen la obligación de cumplir la Ley y por ello, deben de acatar la resolución de los ministros donde otorgan el derecho a la mujer a decidir si quieren la maternidad y que no sea por obligación, y en caso de no acatar los servidores de la salud, podrían recurrir en irresponsabilidades.
El legislador también explicó que desde hace unos años, en Baja California ya existe una ley que no penaliza la irrupción del embarazo en caso de violación.
“En administraciones pasadas no se informaba que tenían ese derecho, no les entregaban la pastilla del día después; se quedaban callados, prácticamente las obligaban a tener el producto de la concepción de un acto brutal y violento que afecta hasta la psique”, remarcó.
