Debido a que apoyaron una reforma a todas luces inconstitucional, y que fue calificada por la SCJN como “fraude a la Constitución”, con la llamada Ley Bonilla, la Senadora Gina Cruz Blackledge presentó solicitud de juicio político en contra de diputados de la XXII y XXIII Legislatura local, así como a dos magistrados electorales.
El pasado 11 de mayo, los 11 ministros que componen la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declararon inconstitucional a la conocida ley, con la que se pretendía ampliar el gobierno del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez de 2 a5 años.
Ante los posicionamientos de los Ministros de la SCJN, Gina Cruz manifestó que este fraude postelectoral no debe quedar impune, por lo que presentó un punto de acuerdo para que el Senado exhorte a la XXIII Legislatura local, a que inicie los procesos de juicio político en contra de los señalados.
Además se considere iniciar juicio político a los Magistrados Leobardo Loaiza Cervantes y Jaime Vargas Flores, integrantes del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, por su actuación ilegal y su decisión de impulsar una reforma en contra de la Democracia.
Gina Cruz señaló que en un acto jurídicamente ilegal y violatorio a la voluntad de los bajacalifornianos, mediante un recurso iniciado por los citados los Magistrados del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California, promovieron y votaron a favor de que la próxima gubernatura fuera de 5 años y no de 2 como ya lo había establecido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Por lo que esta resolución dio un precedente más de ilegalidad en el proceso de ampliación de mandato del Gobernador Bonilla.
Por su parte, la Magistrada Elba Regina Jiménez Castillo, Presidenta del Tribunal en ese momento consideró que los dos Magistrados se estaban extralimitando en sus funciones, al promover, aceptar y votar a favor de esta ilegalidad.
Gina Cruz señaló que en la sesión de la SCJN, realizada el 11 de mayo, el Ministro Presidente Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea sostuvo que:
“La reforma entraña una violación al voto público, a la soberanía popular y al principio democrático, en contravención a los artículos 39, 40, 41 y 116 constitucionales, así como 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
Además, el Ministro presidente calificó la reforma realizada a la Constitución del Estado Libre y Soberano de Baja California como “un ilícito constitucional atípico”, agregó la también presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, del Senado de la República.
