/ jueves 25 de marzo de 2021

Pretende Bonilla heredar deuda hasta por 20 años

Se dio a conocer que el Gobernador del Estado presentó una iniciativa para contratar uno o varios financiamientos hasta por 3 mil millones de pesos

A pesar que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha resistido a endeudar al país para hacer frente a la pandemia del Covid-19, y no obstante que el gobernador Jaime Bonilla termina su encargo el 31 de octubre, pretende heredar un adeudo a su sucesor por hasta 3 mil millones de pesos, y de plazo hasta 20 años.

En la sesión ordinaria del miércoles, el congreso local dio a conocer que Bonilla Valdez presentó por oficialía de partes, una iniciativa para que el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda estatal para contratar uno o varios financiamientos hasta por 3 mil millones de pesos.

En la iniciativa, se establece que el plazo a pagar sería hasta por 20 años, y cuyo plazo para hacerlo vencería el 31 de diciembre del 2021, el pago sería hasta por el 25 % del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (Fafef).

El estado podrá afectar como fuente de pago alterna de todas y cada una de las obligaciones que contraiga, derivadas del o los Financiamientos, hasta un 2.10% (dos punto diez por ciento) de las participaciones que en ingresos federales correspondan al Estado del Fondo General de Participaciones.

Se excluyen las participaciones que del mismo reciben los Municipios, particularmente las provenientes del Fondo General de Participaciones.



Se propone la autorización de este financiamiento, para ser destinado a (financiar) inversiones públicas productivas, tales como inversión en infraestructura física, incluyendo la construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura.

Así como la adquisición de bienes para el equipamiento de las obras generadas o adquiridas; infraestructura hidroagrícola.

Dichas inversiones se realizarán en bienes sujetos al régimen de dominio público o bienes propios del Estado; así como para la constitución de fondos de reserva relacionados con el o los financiamientos contratados.

En su argumentación, el ejecutivo estatal señaló que “la deuda pública es una de las principales herramientas de los gobiernos para la obtención de recursos financieros adicionales para el desarrollo económico y social.

En las comunidades con organización federal, coma la mexicana, existen aparatos institucionales diseñados para procurar que el usa del instrumento por parte de los gobiernos locales se realice de manera disciplinada y productiva.

“En este sentido, debemos reconocer que la deuda pública es una herramienta muy importante para las finanzas de los gobiernos, que le permite realizar grandes proyectos de inversión y satisfacer las necesidades de la población sin tener que esperar a recaudar los fondos fiscales que se requieren para ejecutar dichos proyectos.

El estado se encuentra facultado para afectar como fuente de pago, garantía o ambos del o los financiamientos a su cargo, las aportaciones y/o las participaciones que en ingresos federales le corresponden, así como cualquier otro ingreso que tenga derecho a percibir”.

Al realizar un análisis de las Finanzas Públicas del Estado podemos manifestar el deplorable estado de las Finanzas Públicas Estatales, que recibió la actual administración estatal.

“Un desmedido crecimiento del gasto corriente, muy bajos ingresos propios, un subsistema de educación estatal, (uno de los más grandes a nivel nacional), que depende únicamente de ingresos propios o de libre disposición.

La seguridad social de esta base magisterial la tiene que soportar el estado, a través del instituto constituido para el efecto (ISSSTECALI), además de la Burocracia de los tres Poderes y los Municipios.



La insuficiencia para el pago de todas las pensiones en curso y otras prestaciones asignadas al Magisterio, (activo y jubilado), ha motivado que las transferencias al (ISSSTECALJ) vayan en aumento pues lo que aporta por ley trabajador y patrón no alcanza.

“Encontramos que al inicio del ejercicio 2019, se tenla una deuda bancaria de corto plazo de más de 5 mil millones de pesos, incluyendo cadenas productivas, uno de los principales motivos de la baja en la calificación, por el uso excesivo de este tipo de financiamientos.

“Por tanto, nos vimos en la necesidad de volver a tomar con la banca, este tipo de financiamientos, que al 19 de febrero de 2021 suman la cantidad de 870 millones de pesos, para poder afrontar lo más exigible de las cuentas por pagar que dejó la anterior administración.

Que en base a lo expuesto, y de acuerdo a lo que apuntan las Calificadoras, que una disminución de esta práctica y no estar con las constantes renovaciones de los Créditos a Corto Plazo, que son demasiado costosas, permitirá subir la calificación del Estado, con los beneficios que esto conlleva, sobre todo en la disminución del servicio de la Deuda de Largo Plazo.

A pesar que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha resistido a endeudar al país para hacer frente a la pandemia del Covid-19, y no obstante que el gobernador Jaime Bonilla termina su encargo el 31 de octubre, pretende heredar un adeudo a su sucesor por hasta 3 mil millones de pesos, y de plazo hasta 20 años.

En la sesión ordinaria del miércoles, el congreso local dio a conocer que Bonilla Valdez presentó por oficialía de partes, una iniciativa para que el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda estatal para contratar uno o varios financiamientos hasta por 3 mil millones de pesos.

En la iniciativa, se establece que el plazo a pagar sería hasta por 20 años, y cuyo plazo para hacerlo vencería el 31 de diciembre del 2021, el pago sería hasta por el 25 % del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (Fafef).

El estado podrá afectar como fuente de pago alterna de todas y cada una de las obligaciones que contraiga, derivadas del o los Financiamientos, hasta un 2.10% (dos punto diez por ciento) de las participaciones que en ingresos federales correspondan al Estado del Fondo General de Participaciones.

Se excluyen las participaciones que del mismo reciben los Municipios, particularmente las provenientes del Fondo General de Participaciones.



Se propone la autorización de este financiamiento, para ser destinado a (financiar) inversiones públicas productivas, tales como inversión en infraestructura física, incluyendo la construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura.

Así como la adquisición de bienes para el equipamiento de las obras generadas o adquiridas; infraestructura hidroagrícola.

Dichas inversiones se realizarán en bienes sujetos al régimen de dominio público o bienes propios del Estado; así como para la constitución de fondos de reserva relacionados con el o los financiamientos contratados.

En su argumentación, el ejecutivo estatal señaló que “la deuda pública es una de las principales herramientas de los gobiernos para la obtención de recursos financieros adicionales para el desarrollo económico y social.

En las comunidades con organización federal, coma la mexicana, existen aparatos institucionales diseñados para procurar que el usa del instrumento por parte de los gobiernos locales se realice de manera disciplinada y productiva.

“En este sentido, debemos reconocer que la deuda pública es una herramienta muy importante para las finanzas de los gobiernos, que le permite realizar grandes proyectos de inversión y satisfacer las necesidades de la población sin tener que esperar a recaudar los fondos fiscales que se requieren para ejecutar dichos proyectos.

El estado se encuentra facultado para afectar como fuente de pago, garantía o ambos del o los financiamientos a su cargo, las aportaciones y/o las participaciones que en ingresos federales le corresponden, así como cualquier otro ingreso que tenga derecho a percibir”.

Al realizar un análisis de las Finanzas Públicas del Estado podemos manifestar el deplorable estado de las Finanzas Públicas Estatales, que recibió la actual administración estatal.

“Un desmedido crecimiento del gasto corriente, muy bajos ingresos propios, un subsistema de educación estatal, (uno de los más grandes a nivel nacional), que depende únicamente de ingresos propios o de libre disposición.

La seguridad social de esta base magisterial la tiene que soportar el estado, a través del instituto constituido para el efecto (ISSSTECALI), además de la Burocracia de los tres Poderes y los Municipios.



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