/ miércoles 4 de julio de 2018

Prohíben tabaco en cárceles del Estado

Hasta 30 millones de pesos en cigarrillos consumían anualmente los reos en las tiendas de abastecimiento dentro de las prisiones

Desde que fue inaugurado en mayo del 2017, no se ha encendido ni comercializado un solo cigarrillo al interior de El Hongo III, cárcel que alberga a los casi 800 reos considerados como los de más alta peligrosidad en Baja California, medida que se ha extendido a las otras cinco prisiones de la región.


La restricción hizo que dejaran de venderse entre 25 y 30 millones de pesos en cigarros en las tiendas de abastecimiento que funcionan dentro de cada Centro de Reinserción Social (Cereso), dinero que ahora ha sido enfocado a otros programas, aseguró David Limón Grijalva, director del Sistema Penitenciario.

Hace unas semanas los seis complejos penitenciarios del Estado fueron reconocidos como “Espacios 100% Libres de Humo de Tabaco”, distintivo que otorga la Secretaría de Salud a través de la Dirección Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y que prohíbe el consumo del tabaco incluso en los estacionamientos y límites de los inmuebles.

La estrategia por eliminar la adicción al tabaco, droga lícita que más se consume en el Estado, inició con los casi 800 hombres recluidos en El Hongo III, internos catalogados como los del más alto nivel criminológico y que por ende purgan las condenas más largas.

“La mayoría de esa gente es la que fumaba en El Hongo I y cuando los trasladamos al III nos dimos cuenta que en dos meses teníamos el control con ellos y la mayoría aceptó la parte de dejar el cigarro, ahí tomamos la decisión de decirle a los demás Ceresos que se abocaran a conseguirlo y así fue”.

Limón Grijalva reconoció que llegó a pensarse en la posibilidad de un motín, sin embargo sorprendió la aceptación de los delincuentes recluidos en someterse a un tratamiento para superar el hábito que mata hasta a 180 mexicanos cada día, según cifras nacionales actualizadas este año.



Inhibir el consumo de tabaco en la población penitenciaria llevaba consigo dos objetivos, el primero orientado al cuidado de la salud y el segundo a reforzar la reinserción social.

“El que siga fumando, es lógico que cuando salga si no consume droga, afuera va a consumirla, es la antesala el cigarro de seguir haciendo lo que antes hacía”.

Para que un sitio público o privado sea catalogado como “Espacio 100% Libre de Humo de Tabaco” es necesario que acredite diversos aspectos, entre ellos que no cuente con área para fumadores, que prohíba el hábito entre todas las personas que ahí convivan y colocar letreros así como un cenicero en los accesos para invitar a las personas a apagar su cigarrillo en caso de encender uno, de lo contrario se aplican sanciones.



Tratamiento y seguimiento


De acuerdo con el propio Sistema Penitenciario, el 80% de las personas que ingresan a la cárcel en Baja California son diagnosticados con algún tipo de adicción tanto al tabaco como al alcohol y sustancias duras.

Dentro de los Ceresos, el Instituto de Psiquiatría del Estado (IPEBC) implementa permanentemente un programa de reconstrucción personal, mismo que incluye seguimiento fuera de la prisión.

Salvador Rico Hernández, director de la dependencia, detalló que al año llegan a brindarse hasta 12 mil intervenciones en personas que fueron condicionadas por un juez a continuar con tratamiento contra las drogas luego de ser liberadas.

“En las adicciones uno de los problemas es que no hay una conciencia real de enfermedad, entonces ellos tienen que ser condicionados por alguna situación para que acudan”.

En el caso del tabaco, el especialista reconoció como un verdadero logro vencer la adicción a la sustancia que se cree necesaria para aligerar la tensión de una persona que se encuentra privada de la libertad.


Desde que fue inaugurado en mayo del 2017, no se ha encendido ni comercializado un solo cigarrillo al interior de El Hongo III, cárcel que alberga a los casi 800 reos considerados como los de más alta peligrosidad en Baja California, medida que se ha extendido a las otras cinco prisiones de la región.


La restricción hizo que dejaran de venderse entre 25 y 30 millones de pesos en cigarros en las tiendas de abastecimiento que funcionan dentro de cada Centro de Reinserción Social (Cereso), dinero que ahora ha sido enfocado a otros programas, aseguró David Limón Grijalva, director del Sistema Penitenciario.

Hace unas semanas los seis complejos penitenciarios del Estado fueron reconocidos como “Espacios 100% Libres de Humo de Tabaco”, distintivo que otorga la Secretaría de Salud a través de la Dirección Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y que prohíbe el consumo del tabaco incluso en los estacionamientos y límites de los inmuebles.

La estrategia por eliminar la adicción al tabaco, droga lícita que más se consume en el Estado, inició con los casi 800 hombres recluidos en El Hongo III, internos catalogados como los del más alto nivel criminológico y que por ende purgan las condenas más largas.

“La mayoría de esa gente es la que fumaba en El Hongo I y cuando los trasladamos al III nos dimos cuenta que en dos meses teníamos el control con ellos y la mayoría aceptó la parte de dejar el cigarro, ahí tomamos la decisión de decirle a los demás Ceresos que se abocaran a conseguirlo y así fue”.

Limón Grijalva reconoció que llegó a pensarse en la posibilidad de un motín, sin embargo sorprendió la aceptación de los delincuentes recluidos en someterse a un tratamiento para superar el hábito que mata hasta a 180 mexicanos cada día, según cifras nacionales actualizadas este año.



Inhibir el consumo de tabaco en la población penitenciaria llevaba consigo dos objetivos, el primero orientado al cuidado de la salud y el segundo a reforzar la reinserción social.

“El que siga fumando, es lógico que cuando salga si no consume droga, afuera va a consumirla, es la antesala el cigarro de seguir haciendo lo que antes hacía”.

Para que un sitio público o privado sea catalogado como “Espacio 100% Libre de Humo de Tabaco” es necesario que acredite diversos aspectos, entre ellos que no cuente con área para fumadores, que prohíba el hábito entre todas las personas que ahí convivan y colocar letreros así como un cenicero en los accesos para invitar a las personas a apagar su cigarrillo en caso de encender uno, de lo contrario se aplican sanciones.



Tratamiento y seguimiento


De acuerdo con el propio Sistema Penitenciario, el 80% de las personas que ingresan a la cárcel en Baja California son diagnosticados con algún tipo de adicción tanto al tabaco como al alcohol y sustancias duras.

Dentro de los Ceresos, el Instituto de Psiquiatría del Estado (IPEBC) implementa permanentemente un programa de reconstrucción personal, mismo que incluye seguimiento fuera de la prisión.

Salvador Rico Hernández, director de la dependencia, detalló que al año llegan a brindarse hasta 12 mil intervenciones en personas que fueron condicionadas por un juez a continuar con tratamiento contra las drogas luego de ser liberadas.

“En las adicciones uno de los problemas es que no hay una conciencia real de enfermedad, entonces ellos tienen que ser condicionados por alguna situación para que acudan”.

En el caso del tabaco, el especialista reconoció como un verdadero logro vencer la adicción a la sustancia que se cree necesaria para aligerar la tensión de una persona que se encuentra privada de la libertad.


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