/ jueves 22 de julio de 2021

Propone Bonilla ampliar gestión del Fiscal “compadre”

De aprobarse la reforma permanecería en el cargo hasta el 2028

Por medio de una propuesta de reforma al Artículo 70 de la Constitución Política del estado, el gobernador Jaime Bonilla Valdez propuso al congreso local, que el cargo del fiscal general del estado, que actualmente ocupa su compadre Guillermo Ruiz Hernández, pase de 6 años a 9 años.

Es decir, de ser aprobada dicha iniciativa, el actual fiscal duraría en su encargo hasta el 1 de noviembre del 2028, lo que supera las gestiones de Bonilla Valdez, así como de Marina del Pilar Ávila Olmeda, y abarcaría el primer año de quien la suceda en la gubernatura.

Guillermo Ruiz Hernández, Fiscal general de Baja California | Foto: Carlos Luna | El Sol de Tijuana

Ruiz Hernández, quien no niega la amistad con Bonilla Valdez, ni tampoco su compadrazgo, fue nombrado por el congreso local en el cargo de Fiscal General del estado por el congreso local a principios de noviembre del 2019.

El mandatario estatal presentó la propuesta vía Oficialía de Partes del Congreso local, la cual fue anunciada en la sesión plenaria de la XXIII Legislatura del pasado miércoles, y fue remitida para su estudio, análisis, discusión y dictaminación, a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, que preside el diputado por Morena, Juan Manuel Molina García.

Actualmente, el texto constitucional establece que: “Al frente de la Fiscalía General del Estado estará un Fiscal General, que durará en su cargo seis años”.

La propuesta establece que: “Artículo 70.- Al frente de la Fiscalía General del Estado estará un Fiscal General, que durará en su cargo nueve años”.

La reforma una vez aprobada por el congreso y la mayoría de los ayuntamientos del estado, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

 

 

En su Artículo transitorio Tercero, se establece que: Entrada en vigor la presente reforma se tendrá por modificado el Acuerdo tornado por la XXIII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja California, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el 08 de noviembre para designar a la persona titular de la Fiscalía General del Estado solo para efectos de armonizar el acuerdo con el periodo del encargo de nueve años de la presente reforma constitucional por lo que la persona señalada en dicho acuerdo, durará en ese encargo hasta el 01 de noviembre de 2028.

En su exposición de motivos, el mandatario estatal señala que la presente reforma se considera necesaria para fortalecer la organización, funcionamiento y ejercicio de la Fiscalía General del Estado.

Esto es, fortalecer el Ministerio Público y sus auxiliares como son la policía de investigación y los servicios periciales, con una visión que permita la continuidad de las estrategias, programas y proyectos enfocados al fortalecimiento de la operatividad de los cuerpos policiales.

Combate a la delincuencia y respeto a los derechos humanos, y de esta manera efectuar los cambios profundos que el Estado de Baja California y sus ciudadanos requieren en materia de procuración de justicia.

Por medio de una propuesta de reforma al Artículo 70 de la Constitución Política del estado, el gobernador Jaime Bonilla Valdez propuso al congreso local, que el cargo del fiscal general del estado, que actualmente ocupa su compadre Guillermo Ruiz Hernández, pase de 6 años a 9 años.

Es decir, de ser aprobada dicha iniciativa, el actual fiscal duraría en su encargo hasta el 1 de noviembre del 2028, lo que supera las gestiones de Bonilla Valdez, así como de Marina del Pilar Ávila Olmeda, y abarcaría el primer año de quien la suceda en la gubernatura.

Guillermo Ruiz Hernández, Fiscal general de Baja California | Foto: Carlos Luna | El Sol de Tijuana

Ruiz Hernández, quien no niega la amistad con Bonilla Valdez, ni tampoco su compadrazgo, fue nombrado por el congreso local en el cargo de Fiscal General del estado por el congreso local a principios de noviembre del 2019.

El mandatario estatal presentó la propuesta vía Oficialía de Partes del Congreso local, la cual fue anunciada en la sesión plenaria de la XXIII Legislatura del pasado miércoles, y fue remitida para su estudio, análisis, discusión y dictaminación, a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, que preside el diputado por Morena, Juan Manuel Molina García.

Actualmente, el texto constitucional establece que: “Al frente de la Fiscalía General del Estado estará un Fiscal General, que durará en su cargo seis años”.

La propuesta establece que: “Artículo 70.- Al frente de la Fiscalía General del Estado estará un Fiscal General, que durará en su cargo nueve años”.

La reforma una vez aprobada por el congreso y la mayoría de los ayuntamientos del estado, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

 

 

En su Artículo transitorio Tercero, se establece que: Entrada en vigor la presente reforma se tendrá por modificado el Acuerdo tornado por la XXIII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja California, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el 08 de noviembre para designar a la persona titular de la Fiscalía General del Estado solo para efectos de armonizar el acuerdo con el periodo del encargo de nueve años de la presente reforma constitucional por lo que la persona señalada en dicho acuerdo, durará en ese encargo hasta el 01 de noviembre de 2028.

En su exposición de motivos, el mandatario estatal señala que la presente reforma se considera necesaria para fortalecer la organización, funcionamiento y ejercicio de la Fiscalía General del Estado.

Esto es, fortalecer el Ministerio Público y sus auxiliares como son la policía de investigación y los servicios periciales, con una visión que permita la continuidad de las estrategias, programas y proyectos enfocados al fortalecimiento de la operatividad de los cuerpos policiales.

Combate a la delincuencia y respeto a los derechos humanos, y de esta manera efectuar los cambios profundos que el Estado de Baja California y sus ciudadanos requieren en materia de procuración de justicia.

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