Durante el presente año se han iniciado 652 procesos judiciales relacionados a la solicitud de pensión alimenticia, de los cuales la mayoría (42%) corresponden a Mexicali, de acuerdo a información del Poder Judicial de Baja California.
Alejandro Isaac Fragozo López, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, resaltó que en alrededor del 75% de los asuntos en materia familiar que llegan a los juzgados de Baja California, en donde se involucran menores, se solicita pensión alimenticia.
“Obviamente nadie pide al juez lo que obtiene en su casa, entonces todos los que piden, todos son morosos, si no, no acuden; hay muchas parejas que se divorcian de una manera amigable, que están cumpliendo normalmente y no llegan al juzgado, si llegó al juzgado es porque hay incumplimiento”.
El número señalado por el Poder Judicial de Baja California corresponde a juicios activos, en donde la mayoría se han iniciado en juzgados de Mexicali (279 procesos) y Tijuana (177).
Durante el año 2022, se iniciaron 1 mil 944 juicios para solicitar pensión alimenticia en el estado, de los cuales el 43% (841) se abrieron en juzgados de Mexicali.
Por otra parte, del 1 de enero del 2022 al 4 de marzo del 2023 se iniciaron 1 mil 564 causas penales por el delito de incumplimiento a las obligaciones de asistencia familiar en contra de deudores de pensión alimenticia morosos, la mayoría en Mexicali.
Según el artículo 235 del Código Penal de Baja California, aquellos que incumplan con sus obligaciones de asistencia familiar son sancionados con de dos a cinco años de prisión, la suspensión o privación de la patria potestad de los hijos y de 20 a 60 días de multa.
En marzo del presente año el Senado de la República aprobó a la llamada “Ley Sabina”, que incluye una serie de reformas a diferentes legislaciones para la creación de un Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, en donde aparecerán los nombres de aquellos deudores alimentarios que no cumplan con sus obligaciones.
Tras su aprobación en el Senado, ahora se busca que la “Ley Sabina” sea aprobada también a nivel local, con la creación de un registro estatal para Baja California, el cual se pretende que sea público, de acuerdo a la diputada Michel Sánchez Allende.
“El propósito de que se cree este registro es poder hacer visible a esas personas deudoras alimentarias morosas, que no cumplen su obligación, porque al final son sus hijos, hay todo un proceso, hay toda una investigación en donde se hacen hasta pruebas genéticas para demostrar que realmente son papás, y aún así no se hacen cargo”.
Sánchez Allende resaltó que es necesario no solo identificar a las personas que no cumplen con este tipo de obligaciones, sino que además la legislación implica sanciones como el no poder acceder a ciertos trámites o perder derechos como la posibilidad de visitar a los hijos.
Asimismo, se buscará que en el caso de que la persona registrada quiera casarse nuevamente los oficiales del Registro Civil puedan advertir al futuro cónyuge sobre el adeudo, y que se pueda dar aviso también a las autoridades migratorias en caso de personas que buscan cruzar a los Estados Unidos a trabajar.
“Que sea público es lo que estamos solicitando, porque no solamente es como alertar o generar esta justicia para las madres de familia, y también padres, queremos que también la ciudadanía lo pueda ver”.
Apenas el lunes de esta semana integrantes de diversos colectivos feministas en Mexicali colocaron lonas y carteles a las afueras del edificio del Poder Judicial del Estado, en el Centro Cívico, con rostros y nombres de cientos de deudores alimentarios.
Maria Fernanda Olguín, parte de las organizadoras de la manifestación, resaltó que fueron más de 381 casos los que se registraron para participar en el movimiento, todos con sentencia.
“Tenemos casos de mamás en donde ni siquiera ha habido una pensión provisional, que no se ha dictado una pensión provisional ¿Que te dice eso? Que no hay perspectiva de infancias y que no hay perspectiva de género”.
Hasta el cierre de esta edición, una gran parte de las lonas y carteles continuaban pegados a las afueras del Poder Judicial del Estado, aunque otros habían sido retirados por personas desconocidas.
