Debido a cuestiones de seguridad pública, el Congreso del estado aprobó una serie de reformas para penalizar el halconeo y la clonación de permisos de transporte de carga y de pasajeros, además de la piratería en este rubro.
La legislatura aprobó en su sesión del miércoles el dictamen número 9 de la Comisión de Justicia, respecto a diversas iniciativas de reforma al Código Penal local, presentadas el 04 de febrero y 23 de abril.
En la exposición de motivos de ambas iniciativas promovidas por el Ejecutivo estatal, se argumentó la creciente inseguridad que azota al país y en participar al estado, además de brindar a los pasajeros del transporte público, la seguridad de que la unidad a la que se suben está debidamente regulada por el estado.
Por ello se establece que la actividad conocida como “halconeo”, en que personas alertan a los delincuentes sobre la presencia policíaca o de operativos que estos realizan, se impone de 1 a 5 años de prisión y multa de 100 a 400 unidades de medida y actualización (UMAs) equivalentes a mínimo 8 mil 688 pesos y máximo 34 mil 752).
Para el caso del transporte público de pasajeros y de carga, se han incorporado al Código Penal del Estado:
Artículo 250 Ter.- Comete el delito de transportación ilegal de pasajeros o de carga, el que, sin contar con la concesión, permiso o autorización expedidos por el Instituto para tales efectos, preste el servicio público o privado de transporte de pasajeros o de carga en el Estado de Baja California.
A quien cometa el delito de transporte ilegal de pasajeros a de carga, se impondrá de 6 meses a 2 años de pena privativa de libertad, incautación de los vehículos en cuestión y una multa de 300 a 800 veces la UMA vigente (26 mil 064 a 69 mil 504 pesos), por lo que las autoridades competentes perseguirán de oficio el delito mencionado.
Artículo 250 Quater.- Se sancionará con pena privativa de libertad de 3 a 6 años y multa de 700 a mil veces la UMA vigente (de 60 mil 816 a 86 mil 880), a quien dirija, organice, incite, induzca, compela o patrocine a otro u otros, a prestar el servicio público de transporte de pasajeros o de carga, sin contar con la concesión, permiso o autorización correspondiente, dicho delito se perseguirá de oficio”.
ALARMANTE CRECIMIENTO DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
En la exposición de motivos, se señala que es alarmante el crecimiento continuo de la delincuencia organizada y el vigilar a las autoridades se ha convertido en uno de los elementos claves para las organizaciones delictivas.
Además, en la entidad circulan un considerable número de unidades, sin contar con la concesión, permiso o autorización por la autoridad correspondiente, para prestar el servicio público o privado de transporte de pasajeros o de carga en los términos de ley.
Constituyendo con ello un riesgo a la seguridad de los usuarios y generando una competencia desleal e ilegal para quienes de manera legítima son titulares de concesiones o permisos para prestar legalmente dicho servicio en sus distintas modalidades.
“Que con motivo de los malos manejos de las administraciones anteriores, el transporte público fue utilizado para actos de corrupción llevando aparejada la comisión de acciones ilegales, tales como la clonación de unidades de transporte emisión y falsificación de documentos públicos y privados.
Además de transporte de pasajeros y carga, sin contar con la concesión, permiso o autorización correspondiente, motivo por el cual resulta fundamental proponer modernizar el marco jurídico no solo en materia de tránsito y vialidad que garanticen el debido servicio público
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