Entre mayo y octubre de este año el gobierno de Donald Trump ha retornado de Calexico hacia Mexicali a poco más de 5 mil extranjeros -principalmente centroamericanos- solicitantes de asilo.
Por la garita de El Chaparral en Tijuana han sido devueltos al territorio mexicano otros 10 mil 500 migrantes como parte de la política “Permanece en México”, implementada a inicios de este año en medio de las caravanas que buscaban llegar a la frontera Norte.
Recientemente la fundación estadounidense “Human Rights First” (Los Derechos Humanos Primero), emitió un estudio con el que critica que dicha medida se esté aplicando de forma generalizada, sin distingo de aquellos casos que por sus características deberían ser excluidos y no enviados a este lado.
A dicho señalamiento se han sumado activistas y abogados que aseguran que el gobierno de Trump está violando sus propias leyes migratorias.
De acuerdo con el estudio, a la fecha son 40 mil los solicitantes de asilo que han sido enviados al territorio mexicano con la que consideran ser una medida para desalentar a los migrantes de su deseo de llegar a Estados Unidos.
DOCUMENTAN CASOS
“Human Rights First” asegura que hay personas que no deberían estar siendo enviadas a México y es que han documentado el retorno de niños, menores con Síndrome de Down, mujeres embarazadas, personas discapacitadas e incluso mexicanos que no están contemplados en dicha política.
Dentro de las poblaciones vulnerables consideran también a integrantes de la comunidad LGTB.
La asociación considera que el retorno de estas personas a entidades mexicanas con altos índices de violencia como Tamaulipas o Tijuana en realidad las pone en riesgo.
“La administración de Trump se ha negado a implementar estrategias humanas, efectivas y fiscalmente prudentes para gestionar la llegada de refugiados de manera que cumplan con la ley y los compromisos de los tratados de Estados Unidos”.
En su reciente informe, “Human Rights First” presentó los testimonios de siete migrantes centroamericanos que fueron retornados pese a haber vivido experiencias violentas en territorio mexicano.
Entre los casos destacan el de una mujer centroamericana que fue violada y resultó embarazada, el de un hombre hondureño que fue secuestrado Reynosa al igual que tres niños y su madre también retenidos durante un mes por un grupo delictivo.
Hay otros casos de migrantes que fueron brutalmente golpeados en ciudades mexicanas a las que han sido devueltos.
La organización también tiene conocimiento de otros casos donde la medida no aplicaría por tratarse de personas con problemas de salud, tal es el caso de un joven nicaragüense de 27 años que sufre ataques luego de haber sido golpeado y secuestrado, un niño con Síndrome de Down, una mujer sordomuda y otro menor con ataques cerebrales.
El retorno, aseguran, también se ha aplicado en mujeres con dolores de parto.
Otro caso fue el de un hombre y su hijo que mostró las cicatrices que le causaron policías mexicanos con cigarrillos en el abdomen; en su testimonio el padre, originario de Honduras, aseguró que agentes migratorios de Estados Unidos lo amenazaron con separarlo de su pequeño si insistía en decir que corría riesgo al ser enviado a México.
“Human Rights First” asegura que la política “Permanece en México” es una violación masiva de derechos humanos.
