La consulta ciudadana para la “Ley Bonilla” es solo un distractor para ganar tiempo para comprar a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que atenderán los recursos legales de esta reforma, opinó el ex candidato a Gobernador por el PAN, José Óscar Vega Marín. Se les acabó el pretexto de que no la encontraban, lo cual es una irresponsabilidad y ahora salen con otra igual o peor, porque quieren poner a consulta algo que no se puede consultar, porque es materia electoral que ya se votó y juzgó, señaló el panista.
“Es no solo ilegal, es irresponsable y es una estrategia para ganar tiempo, porque están queriendo literalmente comprar a los ministros de la Suprema Corte para que cuando este tema llegue a ellos, tengan los votos que necesitan para sostenerlo”. Lo único que demuestra esta iniciativa es que no cuentan con el apoyo de los ministros de la SCJN y solo están haciendo tiempo con esta consulta, observó Vega Marín.
“Nomás confirma lo que decíamos en campaña que es una persona (Jaime Bonilla) obstinada, que es una persona que no le importa la ley para lograr sus objetivos y que es capaz de corromper, comprar, destruir todo, para lograr lo que quiere”.
ANTECEDENTE
El 8 de julio, los diputados de la XXII Legislatura aprobaron una reforma para ampliar el período del próximo Gobernador de 2 a 5 años (“Ley Bonilla”), sin embargo nunca envió el expediente de esta reforma al Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial del Estado para su entrada en vigor. El 1 de agosto inició sus funciones la XXIII Legislatura en la cual su presidente, el diputado local por Morena, Catalino Zavala Márquez, alegó que no encontraba esta iniciativa, por lo que no había fecha para remitirla al Ejecutivo, a pesar de las exigencias para que lo hiciera y así poder presentar las impugnaciones.
En la última sesión del Congreso, el mismo Zavala Márquez, por medio de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), presentó una iniciativa para que la “Ley Bonilla” se someta a consulta para que los bajacalifornianos decidan sobre el próximo período a Gobernador y así poner fin a la controversia generada. Dicha iniciativa fue aprobada por 17 votos a favor y 7 en contra.
Es no solo ilegal, es irresponsable y es una estrategia para ganar tiempo, porque están queriendo literalmente comprar a los ministros de la Suprema Corte
