En rueda de prensa conjunta realizada en el Senado de la República, las legisladoras por Baja California, Gina Cruz Blackledge del PAN, y Alejandra Léon Gastélum, señalan deficiencias del secretario del campo, Héctor Haros, así como prácticas discriminatorias del Fiscal General del estado.
Además, solicitarán que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), investigue a fondo y resuelva a la brevedad, el caso de Hemodiálisis del Noroeste, que involucra al secretario de Salud del estado, Alonso Pérez Rico, y que este sea separado de su cargo.
Esta mañana, las legisladoras bajacalifornianas realizaron una rueda de prensa en la sede del Senado de la República, en la que coincidieron que para denunciar los actos de corrupción, no hay colores ni partidos.
León Gastélum advirtió que tal y como lo hizo en el sexenio anterior, que denunció la corrupción del ahora ex gobernador, Francisco Vega de Lamadrid, lo hará en la actual administración del morenista Jaime Bonilla Valdez.
Gina Cruz adelantó que propondrá que el Senado de la República exhorte respetuosamente a la Fiscalía General de la República y a la Unidad de Inteligencia Financiera a resolver a la brevedad la demanda por fraude interpuesta por empresarios bajacalifornianos en contra de funcionarios que laboraban en el Instituto Médico del Seguro Social, entre los cuales se encuentra el actual Secretario de Salud del estado de Baja California”.
Gina Cruz expuso que el 17 de agosto del año en curso, los dueños de la empresa Hemodiálisis del Noroeste, presentaron demanda ante la Fiscalía General de la República, donde se les acusa por el delito de fraude a dos ex funcionarios del IMSS, Miguel Ángel Ruvalcaba Molina y Alonso Oscar Pérez Rico, este último, actual Secretario de Salud del estado de Baja California.
Los demandantes acusan el presunto cobro de un moche de 61 mil 120 dólares, y no cumplir con una licitación a modo, que habría ofrecido entregar a una empresa de hemodiálisis, cuándo Pérez Rico se desempeñaba como jefe de prestaciones médicas en la delegación del IMSS.
Por su parte, el gobernador del estado, Jaime Bonilla, calificó el asunto como politiquerías y un ataque hacia su persona, respaldando así a su funcionario.
En el caso de Danna Reyes, joven de 16 años de edad fue brutalmente asesinada el pasado 22 de agosto en Mexicali, sin embargo, el Fiscal General del Estado, Guillermo Ruiz Hernández, no consideró que este homicidio calificara como feminicidio.
Juan Guillermo Ruiz Hernández, fiscal del Estado dijo: “Tristemente en Mexicali, la semana pasada, asesinaron a una niña de 16 años, pero la niña también traía tatuajes por todos lados”.
“Por lo que el día de hoy, estoy proponiendo que el Senado de la República exhorte a la Fiscalía General de la República para que atraiga el caso e investigue a fondo el asesinato de Danna Reyes.
“Y que a la vez se exhorte a la Procuraduría de Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado de Baja California para que integre el expediente de denuncia contra el Fiscal General del Estado de Baja California, Juan Guillermo Ruiz Hernández por prácticas discriminatorias.
“Estaremos acompañando estas quejas, estaremos acompañando esta denuncia porque no es posible que en estos tiempos, cuando se habla tanto de la defensa de la integridad de las mujeres, sea un fiscal general quien esté discriminando de alguna manera por tener y por portar tatuajes en su cuerpo”.
Gina Cruz expuso que los productores de Baja California, especialmente los del Valle de Mexicali están desesperados por la falta de soluciones, pero además por el desprecio que ha tenido el gobernador Jaime Bonilla a este tema, a tal grado que los productores han sido insultados y denostados por parte del secretario del campo, Héctor Haros.
Debe impulsarse desde el Gobierno del Estado, un convenio modificatorio en el tema de cartera vencida, toda vez que la actual modalidad resulta de imposible acceso para el productor, que le permita generar recursos económicos para cubrir el adeudo.
Además de adecuar en las reglas de operación mediante la propuesta de que el 34% del adeudo como aportación del productor sea objeto de financiamiento durante un tiempo razonable, con la finalidad de cubrirlo totalmente.
