/ domingo 22 de marzo de 2020

Solicitan juicio político contra alcaldesa de Rosarito

La demanda se basa en la aprobación de dictámenes donde se otorgaron más de 100 permisos para taxis

Por la entrega de alrededor de 100 permisos de taxis, un grupo de concesionarios del transporte público, presentó ante el Congreso local, una solicitud de juicio político, en contra de la alcaldesa de Playas de Rosarito, Hilda Aracely Brown Figueredo, debido a que consideran que se excedió en sus funciones.

A eso de las 19:45 horas del sábado 21 de marzo, un grupo de permisionarios del transporte público de Playas de Rosarito, presentó ante Oficialía de Partes, la demanda de juicio político en contra de la presidenta municipal.

“Por una violación flagrante al texto constitucional de Baja California, toda vez que se tomó atribuciones que solo le competen al gobierno del estado”, señala el comunicado del Poder Legislativo.

Explica que la demanda se basa en la aprobación de dictámenes donde se otorgaron más de 100 permisos para taxis el pasado 18 de marzo, y está firmada por los permisionarios Agustín Sánchez Sánchez, Cirilo Gallegos Quiñonez, Jaime Martín Maldonado Maldonado, así como Antonio y Juan Vigil Amaro.

Según la denuncia, lo hecho por la alcaldesa, no solo atenta en contra del nuevo orden legal de Baja california, sino que constituye un golpe certero en contra de los permisionarios que hasta este día trabajan apegados a la normatividad en Playas de Rosarito.

En el Artículo Sexto Transitorio del decreto que creó el Instituto de Movilidad del Estado, se señala que:

“Sin perjuicio del Artículo anterior, los Ayuntamientos tienen prohibido expedir nuevas autorizaciones, permisos o concesiones; en caso de hacerlo, estarán sujetos a lo previsto en la Ley de Responsabilidad Administrativa del Estado de Baja California”.

Los permisionarios señalan que Brown Figueredo constituye un atentado frontal en contra del orden constitucional y legal del estado, lo cual hace que se perfeccionen las hipótesis que dan origen a la procedencia del juicio político de los servidores públicos que autorizaron dichos permisos y que podrían traer como sanción su destitución.

Por la entrega de alrededor de 100 permisos de taxis, un grupo de concesionarios del transporte público, presentó ante el Congreso local, una solicitud de juicio político, en contra de la alcaldesa de Playas de Rosarito, Hilda Aracely Brown Figueredo, debido a que consideran que se excedió en sus funciones.

A eso de las 19:45 horas del sábado 21 de marzo, un grupo de permisionarios del transporte público de Playas de Rosarito, presentó ante Oficialía de Partes, la demanda de juicio político en contra de la presidenta municipal.

“Por una violación flagrante al texto constitucional de Baja California, toda vez que se tomó atribuciones que solo le competen al gobierno del estado”, señala el comunicado del Poder Legislativo.

Explica que la demanda se basa en la aprobación de dictámenes donde se otorgaron más de 100 permisos para taxis el pasado 18 de marzo, y está firmada por los permisionarios Agustín Sánchez Sánchez, Cirilo Gallegos Quiñonez, Jaime Martín Maldonado Maldonado, así como Antonio y Juan Vigil Amaro.

Según la denuncia, lo hecho por la alcaldesa, no solo atenta en contra del nuevo orden legal de Baja california, sino que constituye un golpe certero en contra de los permisionarios que hasta este día trabajan apegados a la normatividad en Playas de Rosarito.

En el Artículo Sexto Transitorio del decreto que creó el Instituto de Movilidad del Estado, se señala que:

“Sin perjuicio del Artículo anterior, los Ayuntamientos tienen prohibido expedir nuevas autorizaciones, permisos o concesiones; en caso de hacerlo, estarán sujetos a lo previsto en la Ley de Responsabilidad Administrativa del Estado de Baja California”.

Los permisionarios señalan que Brown Figueredo constituye un atentado frontal en contra del orden constitucional y legal del estado, lo cual hace que se perfeccionen las hipótesis que dan origen a la procedencia del juicio político de los servidores públicos que autorizaron dichos permisos y que podrían traer como sanción su destitución.

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