/ jueves 28 de octubre de 2021

Suprema Corte no cedió al gobernador

Terminaron invalidadas las propuestas de primera instancia positivas durante el bienio de Bonilla Valdez

La administración del gobernador Jaime Bonilla Valdez ofrece diversos acontecimientos que la hacen extraordinaria, primero por un mandato de tan solo dos años y por la variedad de temas que casi por sí solos encontraron un revés jurídico.

El morenista debutó con la intención de auto incrementar el mandato de dos a cinco años, asunto que involucró a dos legislaturas y que propició el primer revés de parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 11 de mayo del 2020, al resolverse que era inconstitucional.

A estos le siguieron otros frenos judiciales en 2020 como la invalidez de un impuesto ambiental fijado en los combustibles; la del decreto donde propuso que se dejara de cobrar el peaje en la caseta de Playas de Rosarito y el revés al primer intento por crear el Instituto de Movilidad, éste último por una acción de inconstitucionalidad promovida por el Gobierno Federal.

Su intención de municipalizar los organismos operadores del agua también se encuentra en suspensión por orden de la SCJN, aunque impulsó con los alcaldes aliados de Ensenada y Playas de Rosarito para que se ejerciera y se transfiriera la administración del agua, junto con las deudas y demandas activas.

EL CERROJAZO

En la recta final de su administración Bonilla Valdez se anotó dos reveses más, uno de parte de la Secretaría de Energía (Sener) que sigue sin emitir los permisos que requiere la planta fotovoltaica que el gobernador prometió en Asociación Público Privada (APP) para dotar de energía al Acueducto Río Colorado-Tijuana.

Aunque la primera piedra de la planta fotovoltaica se instaló en junio de este año, desde agosto del 2020 la titular de la Sener, Rocío Nahle, advirtió que Bonilla no tenía facultades para promover un proyecto energético, cuya obra permanece detenida e iba a instalarse sobre la carretera a San Felipe.

Otro obstáculo vino de parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) que desconoció el decreto que emitió el Ejecutivo Estatal el primero de octubre del 2021 promoviendo permisos de pesca argumentando, de nuevo, que el Gobierno del Estado no tenía atribuciones sobre la actividad pesquera, por ser evidentemente un tema estrictamente federal.

El próximo 31 de octubre Bonilla Valdez concluirá su mandato como gobernador de Baja California luego de 730 días de estar en funciones.

La administración bonillista debutó con un escándalo de corrupción ante el señalamiento de que dos de los integrantes de su gabinete pedían “moches” a empresarios de la región bajo la promesa de beneficiarlos con contratos de proveeduría.

Este asunto dejó de investigarse por parte de la Fiscalía General del Estado que encabeza Guillermo Ruiz Hernández, compadre del gobernador y no ha derivado en alguna responsabilidad.

Jaime Bonilla Valdez y su compadre el fiscal general del estado Guillermo Ruiz Hernández | Cortesía

La administración del gobernador Jaime Bonilla Valdez ofrece diversos acontecimientos que la hacen extraordinaria, primero por un mandato de tan solo dos años y por la variedad de temas que casi por sí solos encontraron un revés jurídico.

El morenista debutó con la intención de auto incrementar el mandato de dos a cinco años, asunto que involucró a dos legislaturas y que propició el primer revés de parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 11 de mayo del 2020, al resolverse que era inconstitucional.

A estos le siguieron otros frenos judiciales en 2020 como la invalidez de un impuesto ambiental fijado en los combustibles; la del decreto donde propuso que se dejara de cobrar el peaje en la caseta de Playas de Rosarito y el revés al primer intento por crear el Instituto de Movilidad, éste último por una acción de inconstitucionalidad promovida por el Gobierno Federal.

Su intención de municipalizar los organismos operadores del agua también se encuentra en suspensión por orden de la SCJN, aunque impulsó con los alcaldes aliados de Ensenada y Playas de Rosarito para que se ejerciera y se transfiriera la administración del agua, junto con las deudas y demandas activas.

EL CERROJAZO

En la recta final de su administración Bonilla Valdez se anotó dos reveses más, uno de parte de la Secretaría de Energía (Sener) que sigue sin emitir los permisos que requiere la planta fotovoltaica que el gobernador prometió en Asociación Público Privada (APP) para dotar de energía al Acueducto Río Colorado-Tijuana.

Aunque la primera piedra de la planta fotovoltaica se instaló en junio de este año, desde agosto del 2020 la titular de la Sener, Rocío Nahle, advirtió que Bonilla no tenía facultades para promover un proyecto energético, cuya obra permanece detenida e iba a instalarse sobre la carretera a San Felipe.

Otro obstáculo vino de parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) que desconoció el decreto que emitió el Ejecutivo Estatal el primero de octubre del 2021 promoviendo permisos de pesca argumentando, de nuevo, que el Gobierno del Estado no tenía atribuciones sobre la actividad pesquera, por ser evidentemente un tema estrictamente federal.

El próximo 31 de octubre Bonilla Valdez concluirá su mandato como gobernador de Baja California luego de 730 días de estar en funciones.

La administración bonillista debutó con un escándalo de corrupción ante el señalamiento de que dos de los integrantes de su gabinete pedían “moches” a empresarios de la región bajo la promesa de beneficiarlos con contratos de proveeduría.

Este asunto dejó de investigarse por parte de la Fiscalía General del Estado que encabeza Guillermo Ruiz Hernández, compadre del gobernador y no ha derivado en alguna responsabilidad.

Jaime Bonilla Valdez y su compadre el fiscal general del estado Guillermo Ruiz Hernández | Cortesía

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