A la fecha, un total de 15 personas de Baja California aparecen en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del Instituto Nacional Electoral (INE).
Los sancionados son en su mayoría funcionarios públicos de nivel municipal y representantes de medios de comunicación, quienes aparecen en el registro por la comisión de violencia simbólica y mediática contra alguna mujer.
Es importante resaltar que al menos 12 de los sancionados derivan de una misma sentencia, emitida en contra del hoy ex-Cabildo de Tecate, que en 2021 incurrió en violencia política de género en contra de la suplente de la entonces presidenta municipal, Zulema Adams Pereyra.
Quienes integran actualmente el listado son Abel “N”, Alfonso “N”, Bertha Alicia “N”, Diana Margarita “N”, Felipe “N”, Griselda “N”, Ivone “N”, Marisol “N”, Salvador “N”, Yesica “N”, Raúl Armando Martínez “N” y Zulema “N”, todos integrantes del ex-cabildo de Tecate.
También aparecen en el listado Juan Arturo “N”, director de un medio de comunicación, y los periodistas Odilar “N” y Rogelio “N”.
En total hay 298 personas sancionadas por violencia política en razón de género en México, de las cuales 58 son mujeres y 240 hombres, y la mayoría de estos son originarios del estado de Oaxaca (107 sancionados).
Los nombres de los sancionados pueden consultarse en la página ine.mx/actores-politicos/registro-nacional-de-personas-sancionadas/, en el portal del INE.
EL CASO BLÁSQUEZ
El miércoles pasado, el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California (Tjebc) determinó que el diputado Marco Antonio Blásquez Salinas, emanado del Partido del Trabajo (PT) debía ser incluido en el Registro Nacional y Estatal de Personas Sancionadas por Violencia Política en Razón de Género.
Esto al considerar que ejerció violencia simbólica en contra de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, en diversas expresiones emitidas a través de medios de comunicación, motivo por el cual también recibirá una amonestación pública y deberá emitir una disculpa pública.
Hasta el corte de esta edición, el nombre del diputado no se encuentra en el listado, ya que se añadirá una vez que la sentencia cause ejecutoria.
CANDIDATURAS
De acuerdo a la reforma “Ley 3 de 3 contra la violencia”, aprobada este año, las personas que cuentan con una sentencia firme por delitos de violencia contra la mujer o deudores de pensión alimenticia no podrán registrarse como candidatos a ningún puesto de elección.
Liliana Díaz de León Zapata, vocal ejecutiva del INE en Baja California, puntualizó que si bien esta reforma se implementará en el proceso electoral federal 2023-2024, será cuestión de cada organismo electoral el negar o aceptar una candidatura por esta situación.
“Al momento en que se procede al registro de candidaturas, la autoridad competente tiene que verificar si se cumplen o no se cumplen con los requisitos legales establecidos para que una persona sea candidato o candidata”
DENUNCIAS
En lo que va del 2023, el INE ha recibido un total de 567 quejas y más de 300 expedientes en contra de los partidos políticos por diversos conceptos, entre los cuales están las denuncias por actos anticipados de campaña, propaganda gubernamental y también casos de violencia política de género.
“Es una cantidad de quejas significativamente mayor a lo que hemos visto en otros procesos electorales”, reconoció la vocal.
Estas quejas, sin embargo, no son resueltas por el Instituto Nacional Electoral, sino que son enviadas al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), quien es el encargado de resolver el fondo del asunto.
