/ martes 14 de julio de 2020

Diputado del PAN denuncia ante la SFP a titular del Insabi por omitir reglas de operación

El legislador Éctor Ramírez Barba demandó a la SFP que abra un proceso de responsabilidad administrativa en contra del arqueólogo Juan Ferrer Aguilar

El PAN en la Cámara de Diputados denunció ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) a Juan Ferrer Aguilar, director general del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) por el retraso en la publicación en las reglas de operación de dicho instituto, pues considera que se trata de una omisión grave que vulnera los derechos de 60 millones de mexicanos que no cuentan con seguridad social y que están en serio riesgo frente a pandemia que asola al país.

El decreto de la reforma mandataba al Ejecutivo Federal a que emitiera las disposiciones reglamentarias del INSABI dentro de los 180 días siguientes a su entrada en vigor, plazo que se cumplió el pasado 30 de junio de 2020, sin que exista el mínimo indicio de que la situación va a corregirse.

A través del diputado panista Éctor Ramírez Barba, el PAN advierte que la omisión en la que está incurriendo el Gobierno Federal al no emitir las reglas de operación del Instituto, constituye una violación a la ley y debe ser sancionada por la autoridad, debido a que pone en riesgo el derecho a la salud, en medio de una pandemia que ha cobrado más de 35 mil vidas.

El legislador demandó a la SFP que abra un proceso de responsabilidad administrativa en contra del arqueólogo Ferrer Aguilar por la omisión en la que está incurriendo y exigió a Irma Eréndira Sandoval, titular de esta dependencia federal, su urgente intervención para que se aplique la ley contra el presidente López Obrador, el Secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela y al titular del INSABI, “porque incumplen con un mandato legal, propio de su cargo, funciones y atribuciones, son responsables de violar las normas del servicio público y vulneran el derecho a la salud”.

“Estamos pidiendo a la Secretaría de la Función Pública iniciar un procedimiento por faltas administrativas graves, en contra de los titulares del Poder Ejecutivo, la Secretaría de Salud y el Instituto de Salud para el Bienestar, por ser omisos, violar la ley y retrasar la operación del INSABI”, explicó el diputado.

“Hoy la urgencia está en fortalecer las capacidades de nuestro sistema de salud, es increíble que a 6 meses de entrar en funciones en el Insabi, todavía no sepan cómo van a organizarse”, dijo el legislador albiazul.

Ramírez Barba recordó que, en su oportunidad, desde la bancada del PAN, se le advirtió al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que era un error desaparecer el Seguro Popular. Sobre todo, ante la improvisación con la que se hizo la reforma a la Ley General de Salud y se creó este nuevo sistema de “salud para el bienestar”, el cual, evocó el diputado, prometió salud nórdica, “pero que solamente está entregando sufrimiento, desabasto de medicamentos y obstáculos para que los enfermos sigan recibiendo sus tratamientos”.

Finalmente, aseveró que “la irresponsabilidad no puede quedar impune, ni tampoco prolongarse, si los funcionarios federales no pueden cumplir, o no los dejan trabajar, deben renunciar para que alguien más se haga cargo. No podemos mantener la misma farsa, Insabi será incapaz de cumplir con las promesas presidenciales de atención universal gratuita y de calidad. Urge corregir los errores”, fustigó Ramírez Barba.

El PAN en la Cámara de Diputados denunció ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) a Juan Ferrer Aguilar, director general del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) por el retraso en la publicación en las reglas de operación de dicho instituto, pues considera que se trata de una omisión grave que vulnera los derechos de 60 millones de mexicanos que no cuentan con seguridad social y que están en serio riesgo frente a pandemia que asola al país.

El decreto de la reforma mandataba al Ejecutivo Federal a que emitiera las disposiciones reglamentarias del INSABI dentro de los 180 días siguientes a su entrada en vigor, plazo que se cumplió el pasado 30 de junio de 2020, sin que exista el mínimo indicio de que la situación va a corregirse.

A través del diputado panista Éctor Ramírez Barba, el PAN advierte que la omisión en la que está incurriendo el Gobierno Federal al no emitir las reglas de operación del Instituto, constituye una violación a la ley y debe ser sancionada por la autoridad, debido a que pone en riesgo el derecho a la salud, en medio de una pandemia que ha cobrado más de 35 mil vidas.

El legislador demandó a la SFP que abra un proceso de responsabilidad administrativa en contra del arqueólogo Ferrer Aguilar por la omisión en la que está incurriendo y exigió a Irma Eréndira Sandoval, titular de esta dependencia federal, su urgente intervención para que se aplique la ley contra el presidente López Obrador, el Secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela y al titular del INSABI, “porque incumplen con un mandato legal, propio de su cargo, funciones y atribuciones, son responsables de violar las normas del servicio público y vulneran el derecho a la salud”.

“Estamos pidiendo a la Secretaría de la Función Pública iniciar un procedimiento por faltas administrativas graves, en contra de los titulares del Poder Ejecutivo, la Secretaría de Salud y el Instituto de Salud para el Bienestar, por ser omisos, violar la ley y retrasar la operación del INSABI”, explicó el diputado.

“Hoy la urgencia está en fortalecer las capacidades de nuestro sistema de salud, es increíble que a 6 meses de entrar en funciones en el Insabi, todavía no sepan cómo van a organizarse”, dijo el legislador albiazul.

Ramírez Barba recordó que, en su oportunidad, desde la bancada del PAN, se le advirtió al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que era un error desaparecer el Seguro Popular. Sobre todo, ante la improvisación con la que se hizo la reforma a la Ley General de Salud y se creó este nuevo sistema de “salud para el bienestar”, el cual, evocó el diputado, prometió salud nórdica, “pero que solamente está entregando sufrimiento, desabasto de medicamentos y obstáculos para que los enfermos sigan recibiendo sus tratamientos”.

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