/ martes 20 de febrero de 2024

Reforma de seguridad prevé que monopolio de productos se sancione como extorsión

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad, aseguró que dicha reforma permitirá desmantelar a grupos delictivos que cometen ilícitos

La administración de Andrés Manuel López Obrador busca que aquellos que cometan amenazas telefónicas, monta choques, exijan el regalo de premios, cobro bancario y cobro de piso, sean considerados como grupos criminales dedicados a la extorsión, lo mismo para las empresas de distribución de productos que forman monopolios, como ha ocurrido en la venta de medicinas.

Al explicar la iniciativa de reforma para convertir a la extorsión como un delito grave inscrito en la constitución, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez explicó durante la conferencia matutina que se busca sancionar este delito que ha tenido un incremento de 7.7 por ciento en lo que va de este año, respecto a lo ocurrido en el mismo periodo del año pasado.

Comentó que la incidencia se incrementó en el país por lo que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador determinó combatir este delito a través de una propuesta de ley para que se considere “delito grave e impedir que los delincuentes sean puestos en libertad” como ha ocurrido.

Al explicar la propuesta, dijo que dentro de la extorsión se considera diferentes tipos de prácticas como “el engaño telefónico, las amenazas telefónicas, a los monta choques, los monta deudas, la exigencia bancaria, el cobro de piso y los monopolios en distribución de productos”.

La secretaria de Seguridad afirmó que quienes se involucran en estos delitos no lo hacen de manera individual sino que lo cometen estructuras delictivas de tal manera que “se busca la modificación constitucional para caracterizarlo como delincuencia organizada”.

Una vez que sea aprobado ello “permitirá desmantelar a grupos delictivos que cometen ilícitos”, se prevé sancionar el engaño telefónico y la oferta de premios que se encuentran vinculadas en el delito, entre otros.

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Las sanciones, abundó, serán de tipo penal y se prevé la reparación de daño a las víctimas”.

“Estamos seguros que los grupos parlamentarios serán sensibles a la iniciativa que busca bienestar y protección a la población”.

La administración de Andrés Manuel López Obrador busca que aquellos que cometan amenazas telefónicas, monta choques, exijan el regalo de premios, cobro bancario y cobro de piso, sean considerados como grupos criminales dedicados a la extorsión, lo mismo para las empresas de distribución de productos que forman monopolios, como ha ocurrido en la venta de medicinas.

Al explicar la iniciativa de reforma para convertir a la extorsión como un delito grave inscrito en la constitución, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez explicó durante la conferencia matutina que se busca sancionar este delito que ha tenido un incremento de 7.7 por ciento en lo que va de este año, respecto a lo ocurrido en el mismo periodo del año pasado.

Comentó que la incidencia se incrementó en el país por lo que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador determinó combatir este delito a través de una propuesta de ley para que se considere “delito grave e impedir que los delincuentes sean puestos en libertad” como ha ocurrido.

Al explicar la propuesta, dijo que dentro de la extorsión se considera diferentes tipos de prácticas como “el engaño telefónico, las amenazas telefónicas, a los monta choques, los monta deudas, la exigencia bancaria, el cobro de piso y los monopolios en distribución de productos”.

La secretaria de Seguridad afirmó que quienes se involucran en estos delitos no lo hacen de manera individual sino que lo cometen estructuras delictivas de tal manera que “se busca la modificación constitucional para caracterizarlo como delincuencia organizada”.

Una vez que sea aprobado ello “permitirá desmantelar a grupos delictivos que cometen ilícitos”, se prevé sancionar el engaño telefónico y la oferta de premios que se encuentran vinculadas en el delito, entre otros.

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Las sanciones, abundó, serán de tipo penal y se prevé la reparación de daño a las víctimas”.

“Estamos seguros que los grupos parlamentarios serán sensibles a la iniciativa que busca bienestar y protección a la población”.

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