Para el 2020 la Guardia Nacional dispondrá de un presupuesto estimado en los 56 mil millones de pesos, lo que habla de la prioridad que tiene esa fuerza de seguridad, adelantó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño y negó que haya debilidad del Estado mexicano por las agresiones que han sufrido elementos de la GN y del Ejército Mexicano, por el contrario, refrendó no van a caer en provocaciones.
“Las agresiones no se tratan de una reacción social, se trata de personas que están en la nómina de líderes criminales locales. No vamos a caer en la provocación’’, dijo.
Policías en 50 municipios, coludidos con crimen organizado: Alfonso Durazo
Tenemos la certeza de que podemos brindar seguridad sin caer en actos de represión; y reconocemos la madurez de los cuerpos de seguridad para no caer en la provocación, inclusive que han sido lastimados físicamente, lo que habla del profesionalismo de los elementos, expuso.
Luego de reunirse con senadores de Morena, el funcionario declaró que en este momento se tienen desplegados 60 mil elementos de la GN en todo el país, pero la meta para 2021 son 150 mil, objetivo que se va a lograr, enfatizó.
Refrendó que la GN es uno de los elementos imprescindibles que se tiene para dar mejores resultados en materia de seguridad, y reconoció que el reto es reducir los homicidios dolosos.
EL RETO EN TAMAULIPAS
Respecto a Tamaulipas, Durazo Montaño señaló que el reto impuesto por organizaciones criminales no afecta el abasto de combustible de los equipos de las fuerzas de seguridad.
Alfonso Durazo comentó que el amago de los grupos criminales a los empresarios gasolineros en Nuevo Laredo, para que no doten de combustible a la policía local, Guardia Nacional y Ejército, es un reto a la autoridad que por supuesto no vamos a aceptar.
“No tenemos ningún problema de abasto y de inseguridad en Nuevo Laredo, diga lo que diga el crimen organizado”, argumentó.
Por su parte la Fiscalía General de la República en Tamaulipas inició una carpeta de investigación en contra de quien o quienes resulten responsables de la probable comisión del delito contemplado en el artículo 178 del Código Penal Federal “al que sin causa legítima, se rehúse a prestar un servicio de interés público a que la ley le obligue, o desobedezca un mandato legítimo de la autoridad”.
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