Prisma
Por lo visto, hasta hoy la famosa regularización de los carros chocolate -que suman millones circulando en todo el país, según enterados- anunciada con bombos y platillos por el presidente Andrés Manuel López durante su visita fugaz a Baja California, solo se observa en el papel.
Si bien es cierto el decreto presidencial -que ha despertado gran polémica en diversos sectores oficiales, sociales y económicos- ordena que la controvertida acción se realice, todo indica que tardará tiempo para que se concrete.
El documento que se supone resolverá una situación aprovechada en el pasado por legisladores, jueces, magistrados, políticos -dos ocupan hoy cargos importantes en Tijuana- y empresarios que se enriquecieron inundando el país con carros chocolate, no define mecanismos ni lineamientos a seguir.
Veamos lo que dice el artículo 1 del decreto, base legal de la acción: “Se instruye a las Secretarías de Hacienda, Economía y de Seguridad y Protección Ciudadana, dentro del ámbito de sus competencias, a elaborar un programa que incentive las personas físicas residentes en Baja California, Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, para llevar a cabo la regularización de los vehículos automotores usados de procedencia extranjera, que se encuentren en dichos Estados, con base en el decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados”.
Continúa: “El programa a que se refiere el párrafo anterior deberá comprender acciones de comunicación en términos de la Ley General de Comunicación y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente, otorgamiento de facilidades administrativas y, en su caso, la elaboración de un nuevo decreto, para regular la importación definitiva de vehículos usados que se encuentren en territorio nacional a la entrada en vigor del presente acuerdo, así como cualquier otra acción que promueva la regularización de dichos vehículos por parte de la población”.
Así las cosas, amigo lector, es innegable que la autoridad nos debe mucha información y aclaraciones respecto de los mecanismos y procedimientos a seguir para realizar la tan cacareada regularización, cuyo costo será superior al señalado y que dará mucho de qué hablar en los próximos meses.