PRISMA
GOBERNADORA.- Sin tomar en cuenta los daños que la medida traería a los usuarios de instituciones financieras y a los consumidores de mercancías, productos y servicios comprados a empresas, el gobierno federal cerró las oficinas que la Condusef y la Profeco operaban en Mexicali, dejando únicamente las que funcionaban en Tijuana.
Ante los efectos negativos de tan incongruente disposición, quienes han sido afectados por la sospechosa desaparición de inversiones y cargos indebidos en sus cuentas -que cada día aumentan-, se ven obligados a viajar a la vecina ciudad a presentar sus quejas y reclamos que, por cierto, muchos funcionarios bancarios no atienden debidamente. Obviamente ello implica gastos y toda una serie de dificultades para ir en busca del apoyo oficial de la Profeco y la Condusef creadas por el gobierno federal precisamente para defender los intereses de los afectados.
La misma problemática enfrentan quienes tienen dificultades sobre calidad, precio de mercancías y servicios y garantías que adquieren en empresas comerciales. Ante esta situación tan delicada que afecta miles de mexicalenses -hay que decirlo-, ningún funcionario de los tres niveles de gobierno, ni legisladores locales y federales, han hecho gestión alguna en favor de los afectados. Varios amigos lectores han externado su confianza en que la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda solicite a la autoridad federal correspondiente la reapertura en Mexicali de las dependencias mencionadas.
PENSIONES.- En días pasados, Octavio Sandoval López, presidente de Coparmex Mexicali, refiriéndose al actual sistema de pensiones -convertido en una verdadera “papa caliente”-, lo calificó de obsoleto. En conferencia de prensa propuso la creación del Instituto de Pensiones del Estado de Baja California como una medida que podría resolver el problema que hoy representan el manejo y pago de este beneficio que con justa razón reclaman cientos de burócratas. A propósito, la oficial mayor del Ayuntamiento de Mexicali, Claudia Beltrán, que preside Norma Alicia Bustamante Martínez, anunció que cerca de 242 trabajadores municipales estarían por iniciar su proceso de su jubilación que representa una erogación de 242 millones de pesos. Explicó la funcionaria: “Estamos viendo cómo salimos; porque es un derecho adquirido que debemos de respetar”.
