PRISMA
En su desesperación por incrementar la recaudación de impuestos, el Gobierno del presidente Andres Manuel López Obrador, - vía Secretaría de Hacienda-, incorporó en su iniciativa de Miscelánea Fiscal para el 2021, una disposición que permitirá una, “fiscalización de la vida privada y la intimidad de los ciudadanos” que pondría en riesgo la seguridad física y el patrimonio de las personas.
La disposición contempla reformas a las leyes del ISR, IVA, IEPS y del Código Fiscal de la Federación, para dar facultades a los auditores en las visitas a domicilio del contribuyente, sin aclarar si se trata de personas físicas, morales, trabajadores independientes, o de quienes presten servicios profesionales.
Los visitantes podrán utilizar, durante sus revisiones, herramientas tecnológicas, como tabletas, cámaras y grabadoras, para poder tomar fotografiar y obtener así imágenes y material informativo de los bienes que existan en el domicilio de los contribuyentes, incluidos los inmuebles. declarados como domicilios fiscales.
El especialista José Soto Galindo, calificó dicha medida como una barbarie, “que pondrá en grave riesgo a los contribuyentes en un país como México, en donde la inseguridad y la desconfianza son fenómenos transversales en toda nuestra relación en sociedad.”
Si bien es cierto los auditores tienen la obligación de guardar absoluta reserva respecto de las declaraciones y datos aportados por el contribuyente, así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de revisión, su registro captado por medios electrónicos, no deja de representar un alto riesgo. Por ejemplo, que personas distintas a los visitantes o en colusión con ellos, tengan acceso a la información recabada y puedan dañar o afectar gravemente la seguridad física o el patrimonio de los ciudadanos.
Por otra parte, señala el estudioso, la información recabada de esta manera, puede ser fuera de contexto más si se trata de visitas a domicilios particulares, como casas habitación, destinadas por el contribuyente para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, ante la imposibilidad de contar con recursos suficientes para montar una oficina, con todas las formalidades que ello exige. Esto ocurre en las pequeñas y micro empresas que suman millones operando a lo largo y ancho del territorio nacional.
Al recordar que el SAT, en lugar de combatir la informalidad y fortalecer el padrón de contribuyentes, anunció que aumentará el número de auditorías, con el propósito de aumentar los ingresos que demanda la administración pública federal para llevar adelante sus programas, vale comentar: ¡Sálvese quien pueda!
