DEFINICIONES

Se comenta que este miércoles estará sesionando la ya agonizante XXIII Legislatura con el fin de aprobar la iniciativa enviada por el mini gobernador JAIME BONILLA VALDEZ, con la que pretende que su compadre al que hizo fiscal general del Estado, GUILLERMO RUIZ HERNÁNDEZ, se quede 9 años en el cargo y termine su gestión en noviembre del 2028. Y es que aseguran que el hombre de lente oscuro, blanca cabellera y gran aficionado al beisbol, no quiere sorpresas, por eso pretende que sus lacayos, perdón, los diputados morenistas de la presente Legislatura aprueben esta propuesta, ya que dicen que los que vienen traen ese dicho de “muerto el rey, viva la reina”, es decir, son más proclives a la gobernadora electa MARINA DEL PILAR ÁVILA OLMEDA. Y bueno, ya nos aclararon que la ampliación de la gestión del famoso “TITI” RUIZ no será por 3 años, como se plantea en la iniciativa constitucional, sino de 4, con lo que casi estaría incrementando al doble su periodo.

La propuesta de reforma al artículo 70 de la Constitución local consiste en incrementar de 6 a 9 años el periodo de gestión del fiscal general del Estado, es decir, 3 años más. Pero en el caso específico de RUIZ HERNÁNDEZ, la ampliación sería de 4 años, ya que el nombramiento de éste fue por 5 años. Es un enredo que ni los propios diputados entienden. Así que hay que estar atentos a ver si la próxima gobernadora da señales al respecto, pues algunos de los diputados actuales repetirán en la próxima Legislatura.

MOVIDITO

Este próximo fin de semana estará movidito, ya que la noche del sábado se despide la XXIII Legislatura local para dar paso a otra más o menos parecida, con mayoría morenista, pero bajo otras circunstancias. De esta manera el expanista, ex Movimiento Ciudadano y próximo diputado por cuarta ocasión, JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA, presidirá el primer periodo de sesiones del primer año de trabajo legislativo de la XXIV Legislatura y le tomaría la protesta a la próxima gobernadora MARINA DEL PILAR. Pero el domingo a partir de las 8:00 de la mañana será la consulta popular de la que no estamos seguros para qué es, pero le costará a los mexicanos algo así como poco más de 500 millones de pesos. Y es que mucho se nos ha dicho que la consulta es para juzgar a los expresidentes, pero la pregunta nunca dice eso. Total, se gastará mucho recurso y mucho tiempo para esto. Ya será opinión de cada quien si decide participar o no. Si el mini gobernador JAIME BONILLA se la pasó dos años diciendo que iba a meter a la cárcel a su sucesor FRANCISCO VEGA DE LAMADRID y nomás no ha podido, ahora se antoja más difícil que se pueda hacer algo con los expresidentes que hace varios años terminaron su mandato.

NEPOTISMO

La propuesta del gobernador JAIME BONILLA VALDEZ de ampliar el periodo de su compadre GUILLERMO RUIZ al frente de la Fiscalía General del Estado de Baja California, sigue causando “escozor” en algunos sectores de la sociedad. Como el caso del presidente en Baja California de la Alianza Mexicana de Abogados, RAFAEL CRUZMANJARREZ GARCÍA, quien califica dicha propuesta como inconstitucional y un evidente acto de nepotismo. En sus argumentos afirma que la propuesta violenta la Constitución Política local que determina un periodo de 6 años, el mismo lapso que el de gobernador, a excepción del de BONILLA, quien solo fue electo para una administración de 2 años, mismo tiempo que debe durar el fiscal en turno. Para el abogado la designación del “TITI” RUIZ como fiscal general de la entidad representó un acto de nepotismo porque es compadre del actual mandatario. “Evidentemente estamos ante una situación de carácter ilegal, eso encuadra en nepotismo porque existe un vínculo de parentesco, aunque no sea sanguíneo, pero sí de compadrazgo; hay nexos cercanos”, anotó. Pese a esta razón, considera que probablemente la continuidad del fiscal general sea aprobada por el Congreso local al estar integrada la actual Legislatura con mayoría de Morena, “finalmente son emisarios de BONILLA; con ese antecedente tenlo por seguro que va a ser aprobada”, por lo que lamentó que en Baja California no se cuente con contrapeso ni en la Legislatura local ni en las instituciones que deberían estar observando y sancionando este tipo de acciones arbitrarias, como es el caso de la Secretaría de Honestidad y la Función Pública, dependencia a cargo de VICENTA ESPINOSA o la Fiscalía Anticorrupción.