Entre Teclas
El ser humano no tiene la capacidad de conocer o controlar su futuro, pero sí puede decidir cómo dejar su pasado plasmado en la historia.
Lo que ocurrió la semana pasada en el Congreso de Baja California ha sido el peor episodio que se haya vivido en cualquier Legislatura previa en nuestro Estado y seguramente pasarán muchísimos años más para que ocurra otro acontecimiento equiparable.
Haber aumentado el período del próximo gobierno de Baja California de 2 a 5 años de un plumazo no solo demostró ignorancia, soberbia, prepotencia, coraje y avaricia, sino que también dejó en evidencia que nuestros flamantes diputados cometieron una gran estupidez legislativa.
Desde la primera vez que se intentó ampliar el período gubernamental de 2 a 5 ó 6 años, dicho proyecto estaba muerto por la ordenanza constitucional del penúltimo párrafo de la segunda fracción del Artículo 105 de la Constitución General de la República, que a la letra dice: “Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales”.
En los últimos días una infinidad de personajes de derecha, de izquierda, moderados, chairos, fifís, liberales y conservadores, se han pronunciado en contra de la aberración legal que intentaron pasar por buena 21 legisladores de Baja California.
Sus nombres deben quedar escritos en la historia como un claro ejemplo de lo que no se debe hacer, de lo que representa la parte oscura y perversa de la política:
José Félix Arango Pérez, Iraís María Vásquez Aguiar, Raúl Castañeda Pomposo, Ignacio García Dworak, Mónica Hernández Álvarez, Sergio Tolento Hernández, Carlos Alberto Torres Torres, María Trinidad Vaca Chacón, Alfa Peñaloza Valdez, Claudia Josefina Agatón Muñiz, Alejandro Arregui Ibarra, Marco Antonio Corona Bolaños Cacho, Edgar Benjamín Gómez Macías, Bernardo Padilla Muñoz, Blanca Patricia Ríos López, Rocío López Gorosave, Victoria Bentley Duarte, Víctor Manuel Morán Hernández, Catalino Zavala Márquez, José Antonio Casas del Real y Job Montoya Gaxiola. Ellos son quienes sin ningún rubor y mucho menos sin argumentos jurídicos, han intentado pasarse “por el arco del triunfo” la Constitución General de la República, la Ley Federal Electoral, la Ley Electoral de Baja California y la propia Ley Orgánica del Congreso de Baja California. Sus nombres deben gritarse “a los cuatro vientos” para que nadie, ni en el presente ni en el futuro intente cometer otro acto similar.
Como ya ha sido informado por las dirigencias nacionales y estatales de varios partidos políticos, esta aberración legislativa será impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por una acción de inconstitucionalidad. Ahora todo queda a la ordenanza de los ministros de la Suprema Corte. Que se cumpla aquella encomienda que dice: “Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”.
