PRISMA
Por lo visto el gobierno federal no da la importancia que tiene la problemática que vienen enfrentando los habitantes del puerto de San Felipe, que desde la estúpida decisión del nefasto Enrique Peña Nieto, se encuentra en condiciones de miseria.
Fue mortal el golpe que recibieron los pescadores al prohibirles su trabajo, del cual tenían años viviendo junto con sus familias y fomentando la economía porteña, con el pretexto de proteger a la vaquita marina, cuya existencia es una incógnita, a cambio de un subsidio que para variar su entrega se convirtió en un acto de corrupción.
Se habla que dicha acción parte de un convenio con organismos ambientalistas internacionales que -según vemos- autoriza a que embarcaciones extranjeras vigilen la zona, estableciendo un precedente en contra de nuestra soberanía. Preguntamos: ¿Qué país aceptaría que naves extranjeras patrullaran sus mares, vulnerando su soberanía?
Hace algunas semanas se anunció con bombos y platillos que el presidente AMLO visitaría BC y que en su agenda figuraba la solución a los problemas que han convertido en un polvorín al puerto. No hubo tal solución. Solo vino a anunciar que luego vendrían varios secretarios de Estado para dar una “solución integral”.
Como realmente sucedió, en diciembre pasado vinieron los altos funcionarios que supuestamente traerían la solución anunciada por el presidente. El episodio se repitió. Ningún resultado positivo. Solo vinieron a informar que “volverían en enero para dar a conocer un paquete de soluciones, luego de realizar sesudos estudios sobre el tema”.
Así las cosas, mientras la alta burocracia se decide a actuar como lo reclaman las complicadas condiciones en que viven los porteños, los conflictos se agudizan y prueba de ello son los últimos acontecimientos que muestran su gravedad. Los pescadores acusan a la nave extranjera de haberlos atacado cuando pescaban, causándoles daños físicos y materiales. La Marina afirma lo contrario en comunicado oficial, justificando la acción de los agresores.
Pregunta final: ¿La existencia de diez vaquitas -aceptada por los propios ambientalistas extranjeros- justifica condenar a un pueblo a vivir en condiciones de miseria y de violencia?
Frente a tan caótico estado de cosas, la senadora morenista Nancy Sánchez Arredondo entró al tema sugiriendo crear “una mesa de análisis para lograr acuerdos” -¿una más?-. Ante actitud tan positiva -que no ha sido asumida por otros representantes federales-, ¿por qué no se convierte en voz de los porteños en el Senado de la República, proponiendo un punto de acuerdo exigiendo al gobierno federal la solución inmediata que todos anhelamos? Estoy seguro que BC lo agradecerá.
