PRISMA
Por lo visto y actuado resulta lamentable aceptar que ciertos funcionarios públicos -de los tres órdenes de Gobierno- y dirigentes de los partidos políticos de Baja California, no tienen respeto alguno a las importantes funciones que tiene el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, ITAIPBC, menos al cumplimiento de la ley correspondiente.
Veamos por qué. La nueva comisionada presidente del organismo, Lucía Ariana Miranda Gómez, -quien sustituye al CP Octavio Sandoval López, luego de concluir su gestión como tal-, dio a conocer recientemente los nombres de las instituciones que no han cumplido con la obligación de informar a la comunidad de las actividades que realizan con el fin que la sociedad corrobore la transparencia de sus actos.
En primer término, informa de las sanciones que viene aplicando a diferentes instituciones públicas, cuyos titulares han ignorado la obligación de publicar en sus respectivos portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, PNT, información relacionada con las actividades que realizan, como lo establece el artículo 83, fracción IV, inciso J, de la manera más impune, en términos y plazos.
Así las cosas, los incumplimientos siguen dándose y la respuesta de los sujetos obligados, ha sido nula y el ITAIPBC se vio obligado debido a su actitud negativa a imponerles sanciones económicas cuyo monto máximo es de $12,673.50, exhortándolos al acato de la ley en plazos de diez días.
A la fecha, según vemos, los dirigentes de partidos políticos han sido los más reacios en atender las disposiciones enunciadas. Entre ellos destacan MORENA, Movimiento Ciudadano -propiedad de Francisco Alcibíades García Lizardi-, Acción Nacional dirigido por José Luis Ovando y el Partido de Baja California de Jorge Núñez, por mencionar algunos.
Esto nos lleva a preguntar: ¿Por qué se niegan a difundir sus actividades internas relacionadas con el manejo de los recursos económicos que reciben de los Gobiernos federal y estatal y de su organización interna en los términos que dispone la ley correspondiente?. Otro cuestionamiento sería: ¿Acaso ocultan acciones que no debemos conocer quienes con el pago de nuestros impuestos financiamos su funcionamiento?.
El tema nos lleva a recordar que especialistas en asuntos de corrupción, estiman que uno de los mayores focos de corrupción es precisamente la administración de los recursos públicos destinados al soporte económico de actividades de tipo electoral.
En cuanto a las entidades públicas omisas, la institución publicó una larga lista que muestra también un desprecio absoluto a las disposiciones legales relacionadas con la transparencia. Preguntamos: ¿No le faltarán más dientes a la ley del ITAIPBC, para darle mayor rigor a su aplicación?.
