ESTRATEGIA$
El viernes de la semana pasada, la calificadora Standard and Poors (S&P) redujo la perspectiva de la calificación de México de estable a negativa, en virtud del ajuste a la baja en los pronósticos de crecimiento económico para este año.
La apreciación de la deuda soberana del país la mantuvo en “BBB+”, aunque señaló que existe un tercio de probabilidad que se rebaje el próximo año. Explicó que también influyó la política del gobierno de reducir la participación de la inversión privada en el sector energético y otros proyectos, situación que ha traído una caída de la inversión y la confianza. De acuerdo con la agencia, un eventual desplome de la inversión privada podría traducirse en un debilitamiento de la resiliencia del país, lo que a su vez podría generar problemas para la estabilidad de las finanzas públicas al implicar una erosión del perfil financiero. Es indudable que la economía mexicana ha entrado en una fase de desaceleración que se traducirá en una tasa de crecimiento en un rango de 1 a 1.8% en 2019, de acuerdo con distintas proyecciones de analistas nacionales y extranjeros.
Algunas de las políticas y acciones emprendidas en los primeros tres meses del gobierno de AMLO explican parte de esta desaceleración, mas no del todo. Y es que la economía mundial también experimenta menor dinamismo. El Fondo Monetario Internacional (FMI) en su revisión de enero a sus “Perspectivas de la Economía Mundial” prevé un crecimiento de 3.5% en 2019. Aprecia que en 2018 la economía global creció 3.7%, lo que implica una desaceleración de 0.2 puntos porcentuales. Por su parte, las economías desarrolladas también se ven afectadas: De una expansión de 2.3% en 2018 pasará a 2.0% en 2019. Y en el caso de Estados Unidos, pasará de un crecimiento de 2.9 a 2.5%. Al ser nuestra economía altamente dependiente de los resultados de nuestro vecino del norte, no debe extrañar que si éste registra un dinamismo menor, lo mismo ocurra de nuestro lado. Llama la atención la crítica insistente de S&P junto a la de otras calificadoras a la decisión del gobierno de México de reactivar Pemex y retomar la independencia en materia energética.
Al parecer no sopesan que el tema -si bien es uno de carácter financiero- también lo es de seguridad nacional. El abasto de combustibles -la sangre que mueve todos los procesos productivos- no debe ni puede depender de terceros. En particular, ante la incógnita que presenta el cambio climático mundial y lo mismo aplica en materia de autosuficiencia alimentaria. No olvidar que el gobierno estadounidense protege a su industria energética y mantiene una política proteccionista en favor del sector agrícola, precisamente en base a que son áreas estratégicas para su seguridad nacional. La revisión de S&P no significa necesariamente que baje la calificación de México. Es una alerta a los inversionistas de que existen elementos de riesgo y que, de no corregirse, pueden llevar a reducir la calificación. No obstante, en esta ocasión la advertencia parece más bien dirigida a AMLO para que modifique su política en torno al sector energético. ¿Será el cobro por la acusación que hizo a las calificadoras de ser “hipócritas” y de guardar “silencio cómplice” ante el saqueo de Pemex?
