Los informes que publica el Latinobarómetro confirman que los latinoamericanos cada vez valoran menos la democracia. Incluso en la última investigación fechada en 2018, se registró el punto este sistema.
Las razones son múltiples, sin dudas y varían de país en país, pero la intromisión y utilización del Poder Judicial con fines políticos es uno de los principales elementos que llevan a que el ciudadano común descrea cada vez más de la democracia en América Latina más bajo desde que el organismo mide esa variable: Solo el 48% de los habitantes de la región apoyaban.
La democracia latinoamericana parece estar cada día más frágil en el sur y no es producto de la casualidad. Incluso, en los últimos días se sumaron dos nuevos casos emblemáticos para la región que abonan esta teoría: La imposibilidad legal de participar en las elecciones de los expresidentes Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador.
Los casos si bien difieren mucho de lo que sucedió con Lula en Brasil, hacen que su recuerdo sobrevuele en nuestras mentes. Recordemos que cuando el exmandatario brasileño lideraba todas las encuestas con amplio margen, se inhabilitó al líder progresista a través de un proceso judicial que culminó con su encarcelación.
No es intención de este artículo evaluar el proceso judicial ni las pruebas presentadas sobre ninguno de los acusados, sino simplemente analizar la utilización de la justicia –con minúsculas– como estrategia política y electoral latinoamericana.
En la noche del pasado 7 de septiembre un tuit de la actual presidenta boliviana Jeanine Añez decía: “Frenamos al MAS en dos oportunidades y lo hemos hecho con la ley en la mano, sin violencia y sin enfrentamientos...”
Paralelamente, en Ecuador la Corte Nacional de Justicia de ese país inhabilitó en tiempo récord la candidatura a vicepresidente de Rafael Correa por presuntos cobros de sobornos durante su ejercicio como jefe de Estado, según resolución dictada también el pasado 7 de septiembre. El mismo lunes 7, en Uruguay el militar y senador Guido Manini Ríos subía un video a las redes sociales confirmando que se ampararía en los fueros parlamentarios para no ser juzgado por la justicia ante la acusación de haber ocultado pruebas sobre violaciones a los derechos humanos en la pasada dictadura cívico militar y contradiciendo lo que hasta ese momento había afirmado, incluso en su campaña electoral.
El lunes 7 fue una jornada negra para la región. La justicia latinoamericana se vio burlada en Uruguay, mientras en Bolivia y Ecuador decidió jugar su carta a favor del proyecto conservador. Los pueblos estarán impedidos de conocer la verdad, verán acotada su oferta electoral y de seguir en este camino, las democracias seguirán debilitándose cada día más en forma alarmante en nuestra región.
