Por no tomar en cuenta diversas consideraciones de la Auditoria Superior del Estado en el dictamen 2 de las Comisiones Unidas de Energía y Hacienda que busca endeudar a Baja California por 30 años para la realización de una planta generadora de energía fotovoltaica, la diputada Eva María Vásquez Hernández manifestó su voto en contra.
Durante sesión extraordinaria virtual realizada el viernes 27 de noviembre, Vásquez Hernández señaló que son diversas las observaciones que no se toman en cuenta en el dictamen antes mencionado, el cual insiste en otorgar un cheque en blanco que implica comprometer hasta un 45% de las participaciones federales, además de toda la recaudación por concepto de derechos de agua por al menos 15 años, dejando esa gran carga a los próximos gobiernos.
La diputada panista señaló que la autorización otorgada por el Congreso del Estado mediante Decreto No. 88, el 15 de julio de este año, no corresponde a los conceptos que se regulan en la Ley de Disciplina Financiera y en el Reglamento de Registro Público Único.
Por ende, agregó que la nueva iniciativa genera una nueva obligación financiera para el Poder Ejecutivo Estatal y sus Entidades, por lo que se requiere de una autorización distinta a la originalmente otorgada por el Congreso del Estado, incluso, añadió que la nueva autorización podría generar una afectación a los actos jurídicos que se hayan derivado de la autorización originalmente otorgada por el Congreso Local.
Vásquez Hernández dijo que la iniciativa contempla autorizaciones que pudieran generar que el Ejecutivo del Estado y las Entidades Paraestatales celebren contratos, convenios, títulos de crédito o cualquier acto jurídico que se estime necesario para el pago de la deuda del contrato plurianual de energía eléctrica, lo cual pudiera ocasionar que el Congreso Local otorgue autorizaciones sin conocimiento del alcance financiero de los mismos.
La diputada calificó como grave que el dictamen no señalara el monto total de la obligación a incurrir, sino el monto anual que incluye el IVA, considerando un crecimiento anual inflacionario de hasta 3.5 por ciento, asimismo, se observó que deja abierta la posibilidad de pactar montos o porcentajes distintos en el contrato, lo cual genera la incertidumbre de cuál será el costo total del proyecto.
“Por todas estas consideraciones y pretendiendo no incurrir en una causal de responsabilidad por endeudar por 30 años al Estado, es que el voto es en contra”, puntualizó.