Con el fin de que los deudores alimentarios o morosos se exhiban en un registro estatal de deudores, la diputada Liliana Michelle Sánchez Allende manifestó que presentó una enmienda legislativa en el Congreso del Estado para alinearlo con el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Mencionó que aunque ya está aprobada la Ley Sabina, es necesario implementar mediante dicha enmienda que los deudores o morosos deban presentar documentación para comprobar que están cumpliendo con sus obligaciones alimentarias. De no ser así, se exhibirán como deudores en dicho registro de carácter público-privado.
Sánchez Allende comentó que la ley nacional entró en vigor en mayo de 2023, donde el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) nacional tiene un plazo de 300 días hábiles para crear el sistema nacional del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.
Asimismo, a los congresos locales y tribunales superiores de justicia se les dio un plazo de 120 días hábiles para legislar en lo que compete a cada estado, con el fin de alimentar ese registro nacional, por lo cual se busca adelantar y descentralizar a nivel local.
“Se mantiene la modificación en el código penal, en el código civil y en la ley vincular, porque la autoridad podrá solicitar que el deudor no esté registrado en el sistema si va a sacar la licencia de conducir. Si no está registrado, le podrán expedir la licencia”, puntualizó.
En ese sentido, la legisladora indicó que las personas morosas tendrán un plazo de 30 días para realizar el pago de sus obligaciones alimentarias con el propósito de obtener la licencia y el permiso de conducir, así como para solicitar el pasaporte mexicano, con el fin de evitar posibles intentos de escape de sus responsabilidades.
También, se deberá presentar para participar como candidatos de elección popular a nivel federal, estatal y local, así como para ocupar cargos de magistraturas o jueces, y en las solicitudes matrimoniales.
“El juez deberá informarles si son deudores alimentarios. El juez deberá revisar en el sistema para verificar si están en el registro. Aunque, aún si se aceptan y se aman, podrán casarse. El punto es que estén informados”, añadió.
Michelle Allende explicó que, a nivel nacional, legislativamente hablando, ya está aprobado. Sin embargo, falta la implementación, por lo cual, con la adenda presentada, se estará adelantando a nivel local para cuando empiece a funcionar el sistema.
Externó la inicialista que, ante la lentitud con la que trabaja el Poder Judicial, deberán sistematizar todos sus esfuerzos, mejorando sus procedimientos, ya que la mayoría de los casos que atienden son de temas de pensiones y los jueces no son suficientes para solventar dicha demanda.
“Una vez resuelto, sigue la persecución porque no siempre pagan. Siento que este mecanismo va a ayudar para que sea más fácil ubicarlos, exhibirlos y que asuman la responsabilidad. Deberán hacer un manual de procedimientos sobre ese tema en específico”, afirmó.
La congresista expresó que, según el último informe del Poder Judicial que solicitó, tienen cerca de 15 mil casos a nivel estatal sobre el tema de pensiones alimenticias. Por lo tanto, tendrán que homologar criterios, ya que el DIF será el organismo encargado de alimentar el registro.
Finalmente, señaló que se espera que se apruebe ante el pleno antes de las elecciones, ya que primero deberá pasar por la Comisión de la Juventud e Igualdad de Género para poder ser votada por los demás diputados.
