A consecuencia de que los integrantes de la Unidad contra la Violencia Familiar deben de absorber el pago del certificado médico legal para acreditar que detuvieron a una persona intoxicada, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Mexicali solicitó al Ayuntamiento que se exente dicho pago, lo cual fue negado, argumentando que esto afectaría las finanzas municipales.
Ángel Zaizar Prado, presidente del consejo local, lamentó que se presenten ese tipo de incidentes en los cuales al acudir los policías municipales, con tal de que no se les escape la persona agresora, entre ellos pagan para que se constate de manera oficial que se trata de alguien alcoholizado o drogado.
El pago por dicho trámite costaba alrededor de 500 pesos, pero ahora ronda los 800, lo cual es significativo para un agente policíaco.
“Quien lo paga es el policía, solito no se va a ahorcar el intoxicado”, expresó.
Al considerar que dicho pago no debería de ser pagado por los agentes, mediante un oficio se solicitó la exención de dicho servicio, sin embargo, la respuesta que dio el Secretario del Ayuntamiento, Daniel Humberto Valenzuela Alcocer, fue que esto no es posible ya que eso afectaría las arcas municipales.
La respuesta en la que se niega la posibilidad de exentar el pago, se explica que “en virtud de que dicho presupuesto es elaborado tomando en consideración las necesidades y prioridades del Municipio, por lo que la exención del ingreso originado por la captación del derecho de mérito ocasionaría efectos negativos en los recursos que integran la hacienda municipal, toda vez que no se percibiría en su totalidad los recursos que le corresponden, resultado una afectación y disminución directa en los ingresos que tiene derecho a percibir, y que sirven además para sufragar los gastos de la administración pública municipal, conforme al artículo 1de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Baja California”, según lo indica el oficio que fue despachado el 18 de enero de 2023 por el área de Administración de Documentos Públicos.
Para el presidente del consejo, la respuesta se contestó con frialidad, considerando que en esta entidad existe una alerta de género y que se deben de tomar medidas extraordinarias para atender todos los casos de violencia, sobre todo la familiar o con razón de género.
“Ese intoxicado podría ser el que asesinó a Daryela, esos son los que violan y golpean a mujeres y niñas”, insistió el también ex presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación de Mexicali.
