/ martes 15 de noviembre de 2022

Clausuran 15 empresas en Mexicali por sanciones e incumplimiento

Más de 4 millones de pesos se han recaudado por concepto de multas por faltas a las leyes ambientales, resaltó la titular de la Secretaría de Medio Ambiente

Un total de 15 clausuras se han aplicado como sanción en contra de empresas en Mexicali que no cumplieron con medidas previamente ordenadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, de las cuales tres se derivaron de emisiones sin licencia y 12 operaban sin autorización, resaltó la titular de la dependencia Mónica Vega Aguirre.

A esto se suman 53 suspensiones de empresas por actividades clandestinas, entre las cuales se cuentan algunas que operaban sin autorización de impacto ambiental, además de que funcionaban sin disponer adecuadamente de sus residuos.

En el caso de la zona costa de la entidad, Vega Aguirre informó la realización de siete clausuras a fuentes contaminantes de la calidad de aire que operaban de forma clandestina, de las cuales cinco se dieron en Tijuana, una en Playas de Rosarito y una en Tecate.

También resaltó que se clausuró a dos establecimientos en Tijuana por contaminación auditiva (ruido), además de cinco establecimientos clausurados por el inadecuado tratamiento de aguas residuales descargadas al alcantarillado; tres en Tijuana, uno en Playas de Rosarito, y uno en Ensenada.

Según lo dicho por la funcionaria, los principales motivos de multa a las empresas son por operar sin una autorización en materia de impacto ambiental o manejo de residuos de manejo especial, no contar con licencia de operación, por el manejo inadecuado de residuos y el inadecuado control de descargas de agua y emisiones de polvo, humo y ruido.

Estaríamos hablando que, en lo que va de enero a octubre, hemos recaudado 2 millones 600 mil pesos 729, y el total que nos da con el último periodo del año pasado son de 4 millones 205 mil 315

Cuestionan diputados sobre rutas de transporte

Durante su presentación ante la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Congreso del Estado, los principales cuestionamientos estuvieron enfocados en las deficiencias del transporte público, que corresponde al Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS).

Ante los cuestionamientos de varios legisladores el titular de IMOS en Baja California, Jorge Alberto Gutiérrez Topete, resaltó que la pandemia Covid-19 redujo el número de camiones activos en Baja California a sólo 64 unidades en Mexicali, operadas por 13 concesionarias.

Reconoció que muchas de las rutas de camión que se tenían actualmente ya no podrán volver a operar, al considerarlas obsoletas por el crecimiento de la ciudad y el cambio en la movilidad que se ha generado después de la pandemia, y resaltó que ya se trabaja con 10 de las concesionarias en Mexicali para la operación conjunta de nuevas rutas.

A la titular de la Secretaría se le cuestionó sobre el tema de la contaminación en Mexicali, así como la falta de una medición a tiempo real por parte de las cuatro estaciones de monitoreo de calidad de aire que existen en Mexicali, ante lo cual Vega Aguirre afirmó que se está trabajando en un acuerdo binacional para buscar reforzar la red de monitoreo.

Un total de 15 clausuras se han aplicado como sanción en contra de empresas en Mexicali que no cumplieron con medidas previamente ordenadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, de las cuales tres se derivaron de emisiones sin licencia y 12 operaban sin autorización, resaltó la titular de la dependencia Mónica Vega Aguirre.

A esto se suman 53 suspensiones de empresas por actividades clandestinas, entre las cuales se cuentan algunas que operaban sin autorización de impacto ambiental, además de que funcionaban sin disponer adecuadamente de sus residuos.

En el caso de la zona costa de la entidad, Vega Aguirre informó la realización de siete clausuras a fuentes contaminantes de la calidad de aire que operaban de forma clandestina, de las cuales cinco se dieron en Tijuana, una en Playas de Rosarito y una en Tecate.

También resaltó que se clausuró a dos establecimientos en Tijuana por contaminación auditiva (ruido), además de cinco establecimientos clausurados por el inadecuado tratamiento de aguas residuales descargadas al alcantarillado; tres en Tijuana, uno en Playas de Rosarito, y uno en Ensenada.

Según lo dicho por la funcionaria, los principales motivos de multa a las empresas son por operar sin una autorización en materia de impacto ambiental o manejo de residuos de manejo especial, no contar con licencia de operación, por el manejo inadecuado de residuos y el inadecuado control de descargas de agua y emisiones de polvo, humo y ruido.

Estaríamos hablando que, en lo que va de enero a octubre, hemos recaudado 2 millones 600 mil pesos 729, y el total que nos da con el último periodo del año pasado son de 4 millones 205 mil 315

Cuestionan diputados sobre rutas de transporte

Durante su presentación ante la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Congreso del Estado, los principales cuestionamientos estuvieron enfocados en las deficiencias del transporte público, que corresponde al Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS).

Ante los cuestionamientos de varios legisladores el titular de IMOS en Baja California, Jorge Alberto Gutiérrez Topete, resaltó que la pandemia Covid-19 redujo el número de camiones activos en Baja California a sólo 64 unidades en Mexicali, operadas por 13 concesionarias.

Reconoció que muchas de las rutas de camión que se tenían actualmente ya no podrán volver a operar, al considerarlas obsoletas por el crecimiento de la ciudad y el cambio en la movilidad que se ha generado después de la pandemia, y resaltó que ya se trabaja con 10 de las concesionarias en Mexicali para la operación conjunta de nuevas rutas.

A la titular de la Secretaría se le cuestionó sobre el tema de la contaminación en Mexicali, así como la falta de una medición a tiempo real por parte de las cuatro estaciones de monitoreo de calidad de aire que existen en Mexicali, ante lo cual Vega Aguirre afirmó que se está trabajando en un acuerdo binacional para buscar reforzar la red de monitoreo.

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