El Colegio de Contadores Públicos de Mexicali está en desacuerdo de la propuesta del paquete fiscal del año entrante en el que se propone un esquema reportable en el cual los profesionales de este gremio deben avisar a las autoridades sobre actividades que ya son legales, ya que esto afecta al patrimonio de los particulares y viola el secreto profesional.
Manuel López Jiménez, ex presidente de este colegio, al dar una plática a dicho gremio, refirió que esta estrategia del gobierno federal solamente tienes fines recaudatorios y que solo busca emitir lineamientos generales para todos los contribuyentes, siendo que solo son algunos los que emprendieron esquemas cuestionables ante la ley.
“Si ya tienen identificados a los contribuyentes que no hacen las cosas bien, debería ir por ellos; pero no se deben de emitir reglas generales donde se afecta al patrimonio y a la profesión en general”, expresó.
Con el nuevo esquema reportable que se propone, cuando un contribuyente haga una operación, este debe de tener un motivo comercial y no solo de beneficio fiscal, por lo que el contador tiene que pedir permiso para aplicar algún beneficio o estímulo derivado de la propia ley, informó.
“Primero me tengo que registrar como asesor fiscal, pedir autorización de hacer la operación, un comité que está integrado nada más por gente del SAT, no están otras personas, decidirán si se vale o no se vale hacer la estrategia, pero obviamente a un albedrío totalmente dependiente de lo que es su criterio de fiscalización”, expresó.
En el mismo sentido, María Elena Douglas del Toro, presidenta del Colegio de Contadores Públicos de Mexicali, puntualizó que con el esquema reportable y de las razones de negocio, estarían cometiendo una irregularidad al informarle a la autoridad sobre lo que se pretende hacer con el patrimonio de sus clientes.
“Estaríamos como asesores fiscales, infringiendo nuestro propio código de ética profesional al no guardar el secreto profesional de nuestros clientes”.
NO BENEFICIA
Esta medida evidentemente afectará el patrimonio de los particulares, ya que las alternativas que ofrece esta propuesta de ley no se puede aplicar de forma directa, siendo que otorgarían un plazo de ocho meses para autorizar alguna estrategia, añadió López Jiménez.
“Entonces si tu planteas una estrategia en el mes de julio, agosto, te van a contestar hasta el otro año donde ya no puedes deducir o ya no puedes tomar ninguna alternativa en la declaración de ese año”, añadió.
Puntualizó que en dicha propuesta también se plantea la creación de un comité que va a evaluar las estrategias propuestas por los contadores, en el cual consideró incorrecto que solo este integrado por personal de la Secretaría de Hacienda y del Sistema de Administración Tributaria.
“No aparecen académicos de universidades, fiscalistas, firmas de contadores, firmas de abogados, es nada más interno”, indicó el contador.
Incluso, son sanciones muy fuertes para los que no acaten esta medida. Por ejemplo, en el caso de los fiscalistas, las multas oscilan entre los 15 mil pesos hasta los 20 millones de pesos, las cuales consideró que son multas exorbitantes fuera de contexto, precisó el contador.
