Defender la independencia del Poder Judicial no es proteger un estatus, sino una obligación que le marca la Constitución Federal, por lo que analizan presentar una controversia constitucional en contra de la reforma que desaparece al consejo de la judicatura, así como la designación de magistrados propuestos por el ejecutivo estatal.
Lo anterior lo manifestó el presidente del poder judicial del estado Jorge Ignacio Pérez Castañeda, al referir que el pasado viernes, el congreso del estado hizo la declaratoria de procedencia ilegal número 49 de la comisión de gobernación legislación y puntos constitucionales, qué contiene la reforma al poder judicial del estado.
Dicha reforma, desaparece al consejo de la judicatura del poder judicial del estado, y otorga la facultad del gobernador de nombrar una terna para que el congreso nombre a los magistrados, cuando haya una vacante en el tribunal superior de justicia del Estado.
Recientemente el gobernador Jaime Bonilla Valdez, justificó la desaparición del Consejo de la judicatura al señalar que este era demasiado oneroso, no había dado resultados, y se había convertido en una agencia de colocación de sus amigos.
El mandatario estatal también expuso que para poder meter a la cárcel a su antecesor, el panista Francisco Vega de Lamadrid, era necesario ser una limpia de magistrados, ya que éstos lo protegen.
En entrevista exclusiva para LA VOZ DE LA FRONTERA, Pérez Castañeda, comentó que estuvo ayer no puede pasar a la historia si trabaja de manera conjunta, la modernización del Poder Judicial para que éste sea más eficiente y eficaz.
Sería toda una revolución en el Poder Judicial del estado que podría lograrse en tan sólo un año, cambiando la normatividad, a través de estrategias y la implementación de tecnologías y de capacitación, con lo que podría lograr su objetivo plasmada la Constitución de lograr una justicia pronta y expedita.
Comentó que está abierto al diálogo para lograr este objetivo, aunque este momento sólo a entablar conversación con el gobernador en tan sólo una ocasión, esto al principio de su gestión que inició el 4 de agosto pasado.
Mencionó qué el Poder Judicial brinda un activo muy importante que hasta ahora nadie ha valorado qué es la estabilidad social, ya que sin su intervención en la vida del Estado sólo prevalecería el caos.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado específico que es obligación de defender la independencia del Poder Judicial, se encuentra establecido en el artículo 116 de la Constitución Federal, y con esto se garantiza la imparcialidad de los jueces, ya que lo contrario privaría la ley del más fuerte.
Aunque aclara, la independencia no hace que el poder judicial sea más eficiente y eficaz.
Es por ello que están analizando la posibilidad de presentar una controversia constitucional para dejar sin efecto la citada reforma, que sean los tribunales los que decidan quien tiene la razón.
Expuso que el Poder Judicial no interviene en diferendos políticos, con lo que rechaza la versión de que se estaría protegiendo al anterior gobernador.
Rechazó también que con la desaparición del Consejo de la judicatura y la creación de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial, se vayan ahorrar más recursos, ya que tanto el personal cómo los recursos materiales el primero, pasan al segundo, y en realidad sólo se estarían ahorrando el sueldo de dos personas.
Mencionó que hasta ahora no ha tenido ningún problema con el consejo de la judicatura desde que tomó su cargo en la presidencia, ni tampoco ha metido a familiares en la nómina del poder judicial.
El que está ahora es el mejor modelo para la administración del poder judicial, ya que los abogados no son el mejor perfil para administrar, además de la selección de puestos y magistrados se privilegia las personas que tengan experiencia y tengan una carrera judicial.
Expuso que el pasar personal de un organismo a otro no es tarea fácil, ya que se requiere personas que tengan el perfil administrativo pero harinas jurisdiccional lo que no es sencillo de encontrar.
