El partido Transformemos dejó pasivos por más de 6 millones 960 mil pesos en pagos pendientes a acreedores, fiscales, proveedores y sanciones administrativas, tras perder su registro como partido político local en el 2019.
Esto de acuerdo al informe final de su proceso de liquidación, presentado ayer ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEEBC), en una sesión extraordinaria en la que también se entregó el informe correspondiente al proceso de liquidación del partido Encuentro Social de Baja California, que perdió su registro en 2021.
Mientras que Encuentro Social de Baja California (PES BC) no dejó obligaciones ni créditos pendientes de ningún tipo, el informe final sobre la liquidación de Transformemos contempla varios pagos pendientes por parte del hoy extinto partido.
Aunque no quedaron pasivos laborales, Transformemos dejó un adeudo de 1 millón 231 mil 802.99 pesos en créditos fiscales, de 4 millones 880 mil 253.32 pesos en sanciones administrativas, de 106 mil 954.39 pesos a proveedores y de 1 mil 998.88 pesos a acreedores.
La suma total del monto adeudado por el extinto partido asciende a 6 millones 960 mil 951.58 pesos.
En los informes se presenta además una lista de diversos bienes que pertenecían al partido político en cuestión y que no fueron liquidados, como escritorios, sillas gabinetes, teléfonos, laptops, archiveros y otros, que ahora se encuentran en custodia del Instituto Electoral.
Luis Alberto Hernández Morales, consejero presidente del IEEBC, indicó que tras la presentación de los dictámenes se da un periodo de tiempo para que se puedan impugnar, y de no ser así, los bienes que quedan serán entregados al Gobierno del Estado.
“El dinero que queda, lo que quede, transferirles y se acabó, porque nosotros ocupamos ya el espacio que tenemos en el almacén utilizando las cosas”
“Este es un informe final, para efectos del Instituto ya concluye”, dijo.
Hernández Morales recordó que todos los partidos políticos son instituciones de interés público, por lo que todos los bienes y recursos que se contabilizaron en el informe pertenecen ahora al Gobierno del Estado.