Del 2015 a 2019, el gobierno del estado ha sido omiso en dar respuesta a 33 de las 36 recomendaciones que le ha girado la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para atender a quienes han sido víctimas al ser violadas sus garantías individuales.
La CEDH inició un proceso de investigación para definir los motivos que han impedido dar respuesta a las dependencias acusadas de vulnerar los derechos humanos. Miguel Ángel Mora Marrufo, titular de la Comisión, informó que en los últimos 4 años el Poder Ejecutivo a través de sus dependencias ha recibido 36 recomendaciones derivadas de denuncias de ciudadanos afectados. Lo grave es que solo tres de esas emisiones han sido atendidas.
“No se ha logrado dar la reparación del daño a las víctimas que es el primer punto recomendatorio que solicitamos, para nosotros es un reto y a partir de ahí trabajaremos con ese factor en busca de un plan de reparación integral junto con el Ejecutivo”.
ANÁLISIS ESPECÍFICO
El comisionado de los Derechos Humanos en Baja California adelantó que las 33 recomendaciones no atendidas están bajo estudio para definir cuáles ameritan indemnización, medidas de compensación, atención médica o psicológica, ya que cada víctima requiere un análisis específico.
“Se va iniciando este proceso que no se había hecho nunca para tratar de recuperar a esas personas que se quedan en la victimización”, expresó.
Mora Marrufo indicó que las recomendaciones que se han hecho a dependencias estatales se originaron por quejas en materia de seguridad jurídica y pública, acceso a la salud y la educación. Sobre las víctimas refirió que son en su mayoría mujeres, menores de edad, adultos mayores y personas que forman parte de grupos vulnerables como la comunidad LGBT.
De acuerdo con la CEDH, las recomendaciones constituyen la más severa expresión de su labor en la lucha contra la impunidad y la defensa de los derechos humanos y tienen como características principales ser públicas y no vinculatorias.
La Comisión cuenta además con la facultad de solicitar al Congreso local que cite a comparecer a aquellas instituciones que no atiendan las recomendaciones.