Un grupo de ex empleados de la Comisión Estatal de Servicios Públicos del Estado (CESPM), denunciaron que el nuevo director, Armando Samaniego, ordenó despedir a una docena de trabajadores sin causa justificada, y sin la liquidación que por ley les corresponde.
Gilberto Angulo Ayón, y José Alberto Valdez Cota, dos de los afectados, comentaron que de forma intempestiva y sin consideración alguna, además, sin causa justificada, fueron notificados de que dejarían de laborar en la empresa paraestatal.
Lo anterior, en plena pandemia del Covid-19, contraviniendo el discurso político del gobernador, Jaime Bonilla Valdez, desde que se declaró la contingencia.
Explicaron que ambos recibieron sendas llamadas telefónicas para que se presentaran en la Subdirección Administrativa de la CESPM.
Al ser recibidos, el entonces subdirector era acompañado por una persona que sería identificada posteriormente como Alfredo Santaella, que fue presentado como el nuevo titular de la subdirección administrativa y quien llevó la voz cantante.
El susodicho les comunicó que requerían “sus espacios” y que habían causado “baja” del “sistema” desde un día antes de la entrevista, por lo que les presentaron a su consideración las propuestas de liquidación.
Sin embargo, al leer dicho documento observaron que los funcionarios del organismo proponían únicamente pagar prestaciones ya devengadas (los proporcionales de aguinaldo y vacaciones), y no contemplaban el pago de la indemnización que contempla la Ley por el tiempo trabajado.
Tanto Angulo Ayón como Valdez Cota (y al menos otra media docena de sus ahora excompañeros), decidieron rechazarlos y buscar la asesoría de abogados para preparar las demandas que interpondrán ante las autoridades laborales.
Ante reporteros, los empleados despedidos señalaron que, aparentemente, Armando Fernández Samaniego, el nuevo director de CESPM, podría estar siendo mal asesorado por sus colaboradores.
Lo anterior, toda vez que el no ofrecer la liquidación que constitucionalmente les pertenece a los empleados que han sido despedidos sin causa justificada, constituye una violación a una de las leyes que, como funcionario, está obligado a respetar.
Grave también, dijeron, es el hecho de que los funcionarios de la CESPM estén realizando estas acciones en plena crisis de la pandemia, a pesar de que las instrucciones que se supone ha dado el gobernador del Estado, han sido en sentido totalmente opuesto.
Ha sido recurrente el discurso del mandatario advirtiendo que incluso su gobierno actuaría jurídicamente hasta contra empresas particulares que despidieran a empleados durante la actual contingencia.
