/ jueves 1 de junio de 2023

Detectan compras de medicamentos a altos sobreprecios

Denuncian penalmente a cinco exfuncionarios, entre ellos el ex-titular de la Secretaría de Salud

Ocho denuncias penales en contra de al menos cinco exfuncionarios de la administración de Jaime Bonilla Valdez (2019-2021) se presentaron ante la Fiscalía General del Estado (FGE), por la compra de medicamentos a sobreprecio.

Juan José Pon Méndez, consejero jurídico del gobierno de Baja California, informó que los hechos ocurrieron en el 2021, cuando se llevaron a cabo procedimientos de adjudicación directa de forma irregular para la compra de medicamentos a diversas empresas.

Los señalados son el ex-titular de la Secretaría de Salud, Alonso Oscar “N”; el ex-subdirector general de Administración, Carlos “N”; el ex-jefe del departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, Miguel Ángel “N”; el ex-encargado de la dirección de Administración, Gerardo Abdiel “N” y el ex-director de administración, Mikel Roberto “N”.

“Consideramos que las denuncias presentadas acreditan los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio ilícito del servicio público y el delito de peculado”, refirió.

De acuerdo a Pon Méndez, los ex servidores públicos señalados no contaban con facultades para la compra de medicamentos, no realizaron estudios de mercado para garantizar las mejores condiciones, y el Subcomité de Adquisiciones, que es encargado de revisar estos contratos, nunca sesionó.

Se señaló, además, que las compras se realizaron aprovechando el decreto federal publicado en marzo del 2020 por la pandemia de Covid-19, aunque muchos de estos medicamentos no son necesarios para el tratamiento de esta enfermedad.

En cuanto al exgobernador Bonilla Valdez, hoy senador de la República, el consejero jurídico confirmó que al menos de momento no se encuentra entre los presuntos implicados.

“Vamos a dejar que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes para no adelantar; incluso, es muy importante señalar que estas son las personas que se están denunciando con independencia de que, conforme a la narrativa que se vaya dando, puedan existir imputados adicionales”.

Según declaraciones previas del actual secretario de Salud, Adrián Medina Amarillas, se detectaron sobrecostos mayores al 2,000% en los precios de los medicamentos adquiridos por su antecesor.

HAY MÁS CARPETAS

Además de las ocho denuncias penales presentadas por las autoridades estatales, existen 13 carpetas de carácter administrativo que son investigadas por la Secretaría de Honestidad y la Función Pública de Baja California.

Rosina del Villar Casas, titular de la dependencia, confirmó que al menos dos de los exfuncionarios denunciados penalmente ya fueron vinculados a una responsabilidad administrativa por parte de la Secretaría de Honestidad.

OTRO CASO

Una denuncia más, resaltó Pon Méndez, fue presentada en contra del entonces representante del Banco de Sangre del estado, debido a la entrega de unidades de sangre a clínicas y hospitales privados entre 2021 y 2022.

A pesar de que estos establecimientos realizaron el pago correspondiente por estas unidades, alrededor de 8 millones de pesos, el recurso nunca fue entregado al Patronato del Hospital General de Mexicali.

Ocho denuncias penales en contra de al menos cinco exfuncionarios de la administración de Jaime Bonilla Valdez (2019-2021) se presentaron ante la Fiscalía General del Estado (FGE), por la compra de medicamentos a sobreprecio.

Juan José Pon Méndez, consejero jurídico del gobierno de Baja California, informó que los hechos ocurrieron en el 2021, cuando se llevaron a cabo procedimientos de adjudicación directa de forma irregular para la compra de medicamentos a diversas empresas.

Los señalados son el ex-titular de la Secretaría de Salud, Alonso Oscar “N”; el ex-subdirector general de Administración, Carlos “N”; el ex-jefe del departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, Miguel Ángel “N”; el ex-encargado de la dirección de Administración, Gerardo Abdiel “N” y el ex-director de administración, Mikel Roberto “N”.

“Consideramos que las denuncias presentadas acreditan los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio ilícito del servicio público y el delito de peculado”, refirió.

De acuerdo a Pon Méndez, los ex servidores públicos señalados no contaban con facultades para la compra de medicamentos, no realizaron estudios de mercado para garantizar las mejores condiciones, y el Subcomité de Adquisiciones, que es encargado de revisar estos contratos, nunca sesionó.

Se señaló, además, que las compras se realizaron aprovechando el decreto federal publicado en marzo del 2020 por la pandemia de Covid-19, aunque muchos de estos medicamentos no son necesarios para el tratamiento de esta enfermedad.

En cuanto al exgobernador Bonilla Valdez, hoy senador de la República, el consejero jurídico confirmó que al menos de momento no se encuentra entre los presuntos implicados.

“Vamos a dejar que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes para no adelantar; incluso, es muy importante señalar que estas son las personas que se están denunciando con independencia de que, conforme a la narrativa que se vaya dando, puedan existir imputados adicionales”.

Según declaraciones previas del actual secretario de Salud, Adrián Medina Amarillas, se detectaron sobrecostos mayores al 2,000% en los precios de los medicamentos adquiridos por su antecesor.

HAY MÁS CARPETAS

Además de las ocho denuncias penales presentadas por las autoridades estatales, existen 13 carpetas de carácter administrativo que son investigadas por la Secretaría de Honestidad y la Función Pública de Baja California.

Rosina del Villar Casas, titular de la dependencia, confirmó que al menos dos de los exfuncionarios denunciados penalmente ya fueron vinculados a una responsabilidad administrativa por parte de la Secretaría de Honestidad.

OTRO CASO

Una denuncia más, resaltó Pon Méndez, fue presentada en contra del entonces representante del Banco de Sangre del estado, debido a la entrega de unidades de sangre a clínicas y hospitales privados entre 2021 y 2022.

A pesar de que estos establecimientos realizaron el pago correspondiente por estas unidades, alrededor de 8 millones de pesos, el recurso nunca fue entregado al Patronato del Hospital General de Mexicali.

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