De nueva cuenta difieren audiencia inicial de formulación a imputación, debido a que los dos directivos de la institución bancaria relacionada con el caso Next Energy, no se presentaron de nueva cuenta, solo que está vez fue por dar positivo a Covid-19.
El caso Next Energy era un proyecto para realizar una planta fotovoltáica en la administración del ex gobernador Jaime Bonilla.
Por parte de las autoridades estatales, se le acusa a la institución bancaria de no haber devuelto los 123 millones de pesos retenidos en su empresa, por parte del proyecto Next Energy, el delito que se les pretende imputar es el de abuso de retención.
El caso lleva como Número de Caso Único (NUC) 02-2022-10453, la audiencia de reprogramó para el viernes 3 de marzo del año en curso, a las 09:00 horas en Sala 4 del Centro de Justicia Río Nuevo.
El nuevo asesor jurídico de los dos acusados, pidió a sus representados llevarán la audiencia vía medios electrónicos, debido a que no se podían exponer para no contagiar a terceros.
El agente del Ministerio Público y las asesoras jurídicas del Gobierno del Estado, no aceptaron la propuesta, debido a que los dos directivos acusados, no se han presentado a ninguna de las audiencias, por ende, no se han identificado ante la juez de control, por ende, no da la seguridad de que sean los acusados los que se presenten vía videollamada.
Audiencias anteriores, de habían diferido por falta de presencia de los acusados, asesores jurídicos y también por falta de pruebas ante la institución bancaria por parte del Ministerio Público.
CASO NEXT ENERGY
Actualmente existe un proceso jurídico por el caso de la planta fotovoltáica de Next Energy, la cual, por falta de permisos, no pudo ser construida, en una gestión realizada por la pasada administración estatal, y que comprometía las finanzas estatales por los próximos 30 años.
En el contrato había una cláusula, en la cual, en caso de que no se pudiera financiar, se garantizaría el pago por medio de las retenciones de participaciones federales a través de la institución bancaria, lo que significarían 123 millones de pesos al mes.
Al llegar la nueva administración federal, el contrato fue desconocido, sin embargo, la institución bancaria había hecho bueno la apropiación de los 123 millones de pesos, por lo que el estado reclama ese dinero de vuelta.
Son once las personas que están vinculadas a proceso por el proyecto de la realización de una planta fotovoltaica, entre ellos, se cuentan ocho ex-funcionarios públicos de la administración pasada, vinculados a proceso por delitos de peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades, los cuales laboraban en áreas como la Secretaría de Hacienda, Oficialía Mayor, la Secretaría del Agua, la Secretaría de Infraestructura y la Comisión Estatal de Energía.
Las tres personas restantes, son ciudadanos representantes legales de tres empresas: Next Energy, la asesora financiera Valorum Capital y la empresa suministradora de energía E3.
