El militar retirado y hoy candidato a la Alcaldía de Tijuana ya advirtió a los votantes que su propuesta para reducir la violencia será rápida y dolorosa y además tendrá un costo social.
“Desde luego que la recuperación de la ciudad tiene un costo social. Si tienes un tumor cancerígeno, piensas que te lo van a quitar y no te va pasar nada, es una mentira. Duele y sangra. La ciudad tiene un cáncer”, dijo en su arranque de campaña, acompañado de miembros del Partido de la Revolución Democrática.
Leyzaola aseguró que en seis meses detendrá la delincuencia y prometió que en un año y medio los ciudadanos volverán a sentirse tranquilos si resulta elegido como Alcalde.
Pero la viabilidad de la promesa del aspirante sobre el que pesan denuncias por tortura ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 131/09, es cuestionada por activistas y académicos consultados para #GatoxLiebre.
“Calificar la inseguridad como un cáncer en sentido figurado no resolverá el problema si no se expresa en políticas públicas de desarrollo social, empleo, educación, deporte…”, expresó el ex procurador de Derechos Humanos en Baja California, Antonio García Sánchez, hoy profesor de asignatura de Derechos Humanos y Sociología Jurídica.
Víctor Clark Alfaro, presidente del Centro Binacional de Derechos Humanos, reconoció que el candidato tiene experiencia, pero dudó de su velocidad.
Tiene mucha experiencia y demostró que en Tijuana y Ciudad Juárez con el apoyo federal y del Gobernador es viable. Quizá no en el período que lo plantea, pero sí creo que es viable.
El activista recordó que los derechos humanos deben ser acompañantes y observadores de todo ese proceso de pacificación.
No lo voy a defender, ni simpatizo con la tortura, pero la disminución de la violencia no tiene que ver con que haya torturado a dos o tres policías. Tuvo que ver con el respaldo que en su momento le dio el Gobernador y su Presidente Municipal.
En 2011, la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California emitió la recomendación 10/2011, donde señaló procedente la reparación del daño a cuatro agentes de la Policía Municipal que fueron víctimas de tortura en el 2010.
En esta se describió que la Procuraduría abrió una investigación a partir de una publicación noticiosa que señaló como presuntos responsables a Julián Leyzaola Pérez, quien había sido secretario de Seguridad Pública Municipal de Tijuana (2007-2010) y a Gustavo Huerto Martínez, ex director de la Policía y Tránsito.
Según el informe de la Procuraduría, los cuatro policías declararon que el entonces Secretario de Seguridad Pública les privó de su libertad, golpeó y amenazó de muerte para forzarlos a renunciar. Señalamientos que según la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana Baja California fueron plenamente acreditados.
