El presidente del Comité Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción (SAE), Francisco Fiorentini Cañedo, informó que hay pendientes por resolver dos peticiones de juicio político en contra de diputados de la XXII Legislatura del estado, así como dos magistrados electorales.
En lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió de manera unánime, que la llamada “Ley Bonilla”, con la que se ampliaba el periodo de gobierno de Jaime Bonilla Valdez, de 2 a 5 años, fuera declarada como inconstitucional.
Las peticiones de juicio político presentadas por los ciudadanos, fueron en contra de los 21 diputados locales que aprobaron dicha ley, así como los magistrados electorales Leobardo Loaiza Cervantes, así como Jaime Vargas Flores, por avalarla.
Mencionó que desde el 24 febrero de 2019, cuando dos de los magistrados electorales local, fallaron a favor de una queja presentada por la hoy directora del DIF estatal, Blanca Estela Fabela Dávalos, en la que decía que violaban su derecho de participar por una gubernatura de 6 años.
“Advertimos que aquí había un intento sostenido por utilizar el nuevo grupo en el poder, a través del ingeniero Bonilla, de Morena en lo particular, para buscar cargar los dados, y robarle al pueblo de Baja California 3 años”.
“Hubo un grupo de ciudadanos que desde entonces lo advertimos y lo dijimos, que por eso hay que reparar en que hay dos solicitudes de juicio político que promovimos, contra los diputados de la vigésima segunda Legislatura, y contra los dos magistrados electorales que fallaron a favor de este fraude y este robo al pueblo de Baja California”.
Fiorentini Cañedo señaló que no se vale que aprovechando la nueva realidad política del país en la que domina Morena, se hubiese querido hacer en el estado por medio de 21 diputados “lamebotas” y que se entregaron por muy poco, hayan autorizado un “acto corruptor” de la Constitución, como lo ha llamado la SCJN.
“Lo dicho en la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe ser categórico, debe de sostenerse y debemos de decírselo a la gente, porque hoy acusaron al ingeniero Bonilla y a su grupo de políticos lamenalgas, de atentar contra la Constitución utilizando las leyes de la democracia”.
Lo anterior aplica para los diputados de la XXII Legislatura local como a los actuales, porque estos últimos “quisieron justificar su estupidez”, con una mini consulta ciudadana queriendo quedar bien con Bonilla, cuando se les olvidó que a quienes defendían era al pueblo de Baja California.
Manifestó su deseo de que en verdad, el gobierno de Bonilla sea el mejor que haya tenido este estado, la tarea no es difícil, sobre todo después de la gestión de Francisco Vega de Lamadrid, en la que hubo una gran corrupción, por lo que puede haber buenos resultados.
“Pero lo que no se vale, es haberse aprovechado de la confianza del pueblo para afianzarse en un robo mayúsculo, que era lo que la Suprema Corte de Justicia dijo, que era el usar la Constitución de los estados, para subsanar y darle el beneficio a un grupo político en lo particular”.
