Como una interpretación inadecuada fue como consideró el secretario para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua, José Armando Fernández Samaniego, el informe emitido por la Auditoría Superior del Estado en relación al caso Fisamex, en el cual se considera que sí hubo irregularidades en los contratos con la empresa.
Al ser cuestionado sobre el tema, resaltó que las Comisiones Estatales de Servicios Públicos de Mexicali, Tijuana, Tecate y Ensenada enviarán una aclaración a la Auditoría Estatal, con intención de justificar los señalamientos.
“Vamos a contestar los organismos, van a contestar en función de la observación que se ha hecho cada uno, pero si va a coordinar la Secretaría una aclaración, porque finalmente también son interpretaciones de la auditoría”
Fernández Samaniego aseguró que la Auditoría no tomó en cuenta que los organismos del agua cuentan con un déficit de trabajadores, así como tampoco el crecimiento de las cuentas públicas que se ha dado en los últimos 20 años, sin que se diera un incremento en la plantilla.
En cuanto al tema de la adjudicación directa, que también fue señalado en la investigación, afirmó que este procedimiento fue realizado desde el entonces Gobierno del Estado.
“Es una prestación de servicios como normalmente se contratan a algunas empresas para que apoyen al organismo o a los organismos para hacer ciertas funciones, que el organismo por si mismo estaría incapacitado de hacer”
El actual titular de la Secretaría del Agua, quien ocupó la titularidad de la Comisión Estatal del Agua (CESPM) durante la pasada administración estatal, aparece como uno de los funcionarios que firmaron contratos con Fisamex, así como el alcalde de Tecate, Darío Benítez Ruíz.
Hasta el momento los organismos del agua de Baja California (CESPM, CESPT, CESPTE y CESPE) han devuelto poco más de 58.4 millones de pesos a empresas que impugnaron los cobros por derechos de agua realizados por Fisamex entre 2020 y 2021, y todavía existen varios juicios pendientes.
