Ante la falta de transparencia por los cobros indebidos de agua realizados durante la pasada administración estatal por parte de la empresa Fisamex, y que le han costado recursos a los bajacalifornianos, la Junta de Coordinación Política del congreso local, deberá recibir un reporte pormenorizado sobre el caso, por parte de la Auditoría Superior del Estado, a más tardar el 31 de enero del 2023.
Durante la pasada administración encabezada por el morenista y hoy senador de la República, Jaime Bonilla Valdez, se contrató a una empresa privada para que realizara los cobros por concepto de adeudos de agua a empresas deudoras, sin embargo, debido a que estos se realizaron de manera ilegal, la actual administración estatal, también morenista, ha tenido que pagar millones de pesos.
Al respecto, la diputada local por Movimiento Ciudadano (MC), Daylín García Ruvalcaba, mencionó que persiste la opacidad en el caso de Fisamex, como diputada no tiene información al respecto, ya que lo que saben es por las empresas que ganan los amparos.
Es decir, al momento no hay una idea de a cuánto asciende el daño patrimonial ocasionado durante la pasada administración, por lo que en su momento, solicitó la creación de una comisión investigadora conformada por diputados, sin embargo, esta fue rechazada.
Es así que le recomendaron que esta petición la realizara por medio de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, lo que fue aprobado en la pasada sesión plenaria.
Es decir, será la propia Jucopo, que está conformada por los coordinadores de cada uno de los grupos parlamentarios que conforman la XXIV Legislatura local, quienes tendrán acceso de primera mano, a la información respecto a Fisamex.
Sin embargo, en la pasada sesión propuso que se estableciera un límite de tiempo para que la Auditoría Superior del Estado, entregue el informe, que deberá ser a más tardar el 31 de enero del 2023.
Dinero
García Ruvalcaba mencionó que de acuerdo con información vertida por distintos medios de comunicación de la entidad el Gobierno de Baja California pago la cantidad de 315.8 millones de pesos a la empresa FISAMEX, que representan el 20% del monto “recuperado” (mil 611 millones 328 mil 582 pesos) de auditorías hechas a usuarios industriales y comerciales, dictaminando a 3 mil 428 empresas, determinándoles adeudos por 6 mil 40 millones 631 mil 055 pesos en total, mientras que se habían interpuesto más de 170 amparos contra dichos cobros, calificados como ilegales por diversos empresarios y abogados.
Aunando al desfalco de las arcas estatales, los problemas legales y el escándalo mediático la empresa FISAMEX (de Manuel García Soto, dueño de Romafam S.A. de C.V.), no ha podido ser localizada por la Secretaría de Honestidad y Función Pública (SHFP) pese a que tendría que hacerse responsable ante los 14 amparos ganados por parte de los agraviados, por los que el actual gobierno de Baja California ha tenido que devolver lo cobrado indebidamente por la administración pasada.
Actualmente se han devuelto Alrededor de 20 de los 46 millones de pesos, que se determinó deben ser devueltos, por parte de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) a empresas que se ampararon contra los cobros de conexión del servicio de agua realizados por la empresa FISAMEX en la administración anterior, está cantidad se deriva de 14 sentencias definitivas y siete convenios que se han realizado con empresas amparadas, además de que existen otros 26 procesos de amparo pendientes de resolución.
