/ sábado 7 de septiembre de 2019

Migrantes, hostigados por GN

El director del albergue Agape opina que las medidas implementadas para evitar que México sea un tercer país seguro son momentáneas

El acuerdo para endurecer las medidas migratorias en México e inhibir el cruce masivo de migrantes centroamericanos que buscan llegar a la Unión Americana desató un efecto en cadena desde la frontera sur, en donde desplegaron a elementos de la Guardia Nacional para reducir los cruces, hasta el norte de nuestro país, en donde al menos en dos ocasiones las autoridades migratorias junto a la Guardia Nacional han hecho redadas en la zona Centro de Tijuana.

Sin embargo, para activistas y directores de distintos albergues de la ciudad que atienden a este sector, las medidas implementadas para evitar que México sea un tercer país seguro son momentáneas y estiman que para mediados de septiembre termine el hostigamiento evidente por parte de las autoridades hacia este sector. Además de continuar la tramitación de documentos para regularizar la estadía migratoria en esta región fronteriza.



“Aquí con nosotros del albergue, cuando salen los inmigrantes, los que tienen trabajo, salen directo al trabajo y se vienen directamente para acá. En sí, yo pienso que las redadas y todo lo que está pasando es por el trato que hizo Estados Unidos con AMLO, entonces como hicieron ese trato parece que faltan otras dos semanas, o una semana más para cumplirse los 90 días y es muy importante para México cumplir lo que se comprometió con Trump, por lo mismo han llegado Naciones Unidas u OIM para pagarles su boleto y que se regresen”, expresó Alberto Rivera, director del albergue Agape en Tijuana.

El acuerdo entre los mandatarios de ambos países se celebró a principios del junio de este 2019, luego de varios días de tensión y amenazas por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de incrementar los aranceles a los productos mexicanos. Fue el viernes 7 de junio cuando el mandatario norteamericano y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunciaron a través de sus cuentas de Twitter el acuerdo en el que México se comprometía a “registrar y controlar las entradas en la frontera". Además de desplegar a la Guardia Nacional por todo el territorio, principalmente en la frontera sur.



Luego de tres meses de comprobar que México puede mantener un control en el tránsito de los migrantes centroamericanos, los activistas estiman que las actividades de hostigamiento, redadas y persecución de migrantes que han sido notorias en Tijuana disminuyan, resaltó Rivera.

Aunque las medidas son criticadas por quienes trabajan día a día para atender a este sector. José María García Lara, director del albergue Juventud 2000, ubicado en la Zona Norte de la ciudad, enfatizó que a pesar de estar entre las facultades del Instituto Nacional de Migración (INM), el revisar la estadía regular de los migrantes, sus acciones no deben anteponerse a sus derechos humanos.

“Nosotros como organización decimos que eso no debe de ocurrir (las redadas) porque eso no pasaba. Hace mucho que nosotros estamos aquí como organizaciones y no pasaban ese tipo de acciones por parte del gobierno federal para hacer ese tipo de operativos. Nosotros por supuesto que señalamos muy claramente que, si se van a hacer los operativos, se manejen de forma muy específica y clara, sin violar los derechos de la comunidad migrante a nivel internacional, porque es muy importante que se entienda que no pueden violar los derechos de la gente. O sea, no pueden andar incluso en las cuarterías o en los lugares de renta haciendo este tipo de operativos, puesto que se están violando los derechos internacionales en cuestiones de derechos humanos”, afirmó García Lara.



En el caso de la frontera norte, aseguró que es común que lleguen familias o viajeros solitarios y se alojen temporalmente en cuarterías de la ciudad, con la intención de permanecer unos días y poder cruzar a la Unión Americana. Esta actividad afirmó no es nueva y el gobierno federal ha aprovechado el acuerdo de 90 días para ingresar a zonas en donde muy probablemente encontrarán a personas en contexto de migración que deseen alcanzar suelo americano.

“Eso ha pasado por años. La comunidad que viene tanto de Centroamérica como de nuestro propio país ¿dónde se hospeda? en los hoteles o en cuarterías para poder cruzar a los Estados Unidos de forma ilegal, eso lo sabemos perfectamente, toda la gente que vive en las zonas fronterizas sabemos perfectamente lo que ocurre, entonces ¿por qué manejar este tipo de acciones? es como una manera irregular, que por un lado es importante que se sepa que es irregular todo eso y debe haber un orden, pero con gente que tenga ese tacto para no violar los derechos humanos de la comunidad que busca un lugar donde permanecer”, afirmó.



CIFRAS DE CRUCES MASIVOS DISMINUYEN

Pero a pesar de las críticas vertidas en las acciones implementadas por el gobierno federal, de acuerdo a las últimas estadísticas dadas a conocer por Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) en el mes de julio disminuyó el número de migrantes detenidos en la frontera sur de Estados Unidos, en comparación a meses anteriores.

En julio del año Fiscal 2019 —que comprende de octubre de 2018 a la fecha— se registraron 82 mil 049 detenciones en la frontera sur en comparación a 104 mil 367 registradas en el mes de junio de 2019. Esto significa 22 mil 318 detenciones menos en comparación al mes anterior y la cifra más baja de marzo a junio de este año.

Aunque las cifras registradas a lo largo del año Fiscal 2019 son mayores en comparación al año 2018, desde la aplicación del acuerdo ente México y Estados Unidos, las cifras de detenciones del vecino país del norte han ido en descenso, tanto en el número de detenciones de menores no acompañados como unidades de familias. En julio, el número de menores no acompañados registrados que se internaron por la frontera fue de cinco mil 561 contra siete mil 372 registrados en el mes de junio.



REPATRIADOS A BAJA CALIFORNIA

A la movilización en esta frontera se suman diariamente decenas de migrantes que son retornados como parte de una medida unilateral implementada por Estados Unidos desde principios de este 2019. De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Migración (INM) el primer migrante retornado ingresó a suelo mexicano el 29 de enero. A la fecha han ingresado poco más de siete mil migrantes centroamericanos retornados y se han otorgado 10 mil Claves Únicas de Registro Poblacional (CURP) para que puedan incorporarse a la vida laboral en esta región fronteriza. A la fecha la autoridad migratoria mexicana ha otorgado poco más de dos mil CURP a migrantes centroamericanos que han sido retornados, como parte del Programa de Protección al Migrante (PPM).

La CURP se otorga por seis meses, mientras que los permisos temporales para permanecer en suelo mexicano se otorgan por 180 días. Quienes requieren de mayor tiempo para permanecer en el estado pueden tramitar un nuevo permiso en tanto esperan su cita ante el juzgado norteamericano.



Activistas que trabajan con el sector migrantes confiaron que en los próximos días, la tensión que se ha vivido en la ciudad en el tema migratorio disminuya y continúen los trámites sin interrupción, a la par que disminuyan los operativos por parte de la Guardia Nacional e INM para frenar el flujo migratorio.

“Yo pienso que las redadas y todo lo que está pasando es por el trato que hizo Estados Unidos con AMLO” Alberto Rivera Director del albergue Agape.

El acuerdo para endurecer las medidas migratorias en México e inhibir el cruce masivo de migrantes centroamericanos que buscan llegar a la Unión Americana desató un efecto en cadena desde la frontera sur, en donde desplegaron a elementos de la Guardia Nacional para reducir los cruces, hasta el norte de nuestro país, en donde al menos en dos ocasiones las autoridades migratorias junto a la Guardia Nacional han hecho redadas en la zona Centro de Tijuana.

Sin embargo, para activistas y directores de distintos albergues de la ciudad que atienden a este sector, las medidas implementadas para evitar que México sea un tercer país seguro son momentáneas y estiman que para mediados de septiembre termine el hostigamiento evidente por parte de las autoridades hacia este sector. Además de continuar la tramitación de documentos para regularizar la estadía migratoria en esta región fronteriza.



“Aquí con nosotros del albergue, cuando salen los inmigrantes, los que tienen trabajo, salen directo al trabajo y se vienen directamente para acá. En sí, yo pienso que las redadas y todo lo que está pasando es por el trato que hizo Estados Unidos con AMLO, entonces como hicieron ese trato parece que faltan otras dos semanas, o una semana más para cumplirse los 90 días y es muy importante para México cumplir lo que se comprometió con Trump, por lo mismo han llegado Naciones Unidas u OIM para pagarles su boleto y que se regresen”, expresó Alberto Rivera, director del albergue Agape en Tijuana.

El acuerdo entre los mandatarios de ambos países se celebró a principios del junio de este 2019, luego de varios días de tensión y amenazas por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de incrementar los aranceles a los productos mexicanos. Fue el viernes 7 de junio cuando el mandatario norteamericano y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunciaron a través de sus cuentas de Twitter el acuerdo en el que México se comprometía a “registrar y controlar las entradas en la frontera". Además de desplegar a la Guardia Nacional por todo el territorio, principalmente en la frontera sur.



Luego de tres meses de comprobar que México puede mantener un control en el tránsito de los migrantes centroamericanos, los activistas estiman que las actividades de hostigamiento, redadas y persecución de migrantes que han sido notorias en Tijuana disminuyan, resaltó Rivera.

Aunque las medidas son criticadas por quienes trabajan día a día para atender a este sector. José María García Lara, director del albergue Juventud 2000, ubicado en la Zona Norte de la ciudad, enfatizó que a pesar de estar entre las facultades del Instituto Nacional de Migración (INM), el revisar la estadía regular de los migrantes, sus acciones no deben anteponerse a sus derechos humanos.

“Nosotros como organización decimos que eso no debe de ocurrir (las redadas) porque eso no pasaba. Hace mucho que nosotros estamos aquí como organizaciones y no pasaban ese tipo de acciones por parte del gobierno federal para hacer ese tipo de operativos. Nosotros por supuesto que señalamos muy claramente que, si se van a hacer los operativos, se manejen de forma muy específica y clara, sin violar los derechos de la comunidad migrante a nivel internacional, porque es muy importante que se entienda que no pueden violar los derechos de la gente. O sea, no pueden andar incluso en las cuarterías o en los lugares de renta haciendo este tipo de operativos, puesto que se están violando los derechos internacionales en cuestiones de derechos humanos”, afirmó García Lara.



En el caso de la frontera norte, aseguró que es común que lleguen familias o viajeros solitarios y se alojen temporalmente en cuarterías de la ciudad, con la intención de permanecer unos días y poder cruzar a la Unión Americana. Esta actividad afirmó no es nueva y el gobierno federal ha aprovechado el acuerdo de 90 días para ingresar a zonas en donde muy probablemente encontrarán a personas en contexto de migración que deseen alcanzar suelo americano.

“Eso ha pasado por años. La comunidad que viene tanto de Centroamérica como de nuestro propio país ¿dónde se hospeda? en los hoteles o en cuarterías para poder cruzar a los Estados Unidos de forma ilegal, eso lo sabemos perfectamente, toda la gente que vive en las zonas fronterizas sabemos perfectamente lo que ocurre, entonces ¿por qué manejar este tipo de acciones? es como una manera irregular, que por un lado es importante que se sepa que es irregular todo eso y debe haber un orden, pero con gente que tenga ese tacto para no violar los derechos humanos de la comunidad que busca un lugar donde permanecer”, afirmó.



CIFRAS DE CRUCES MASIVOS DISMINUYEN

Pero a pesar de las críticas vertidas en las acciones implementadas por el gobierno federal, de acuerdo a las últimas estadísticas dadas a conocer por Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) en el mes de julio disminuyó el número de migrantes detenidos en la frontera sur de Estados Unidos, en comparación a meses anteriores.

En julio del año Fiscal 2019 —que comprende de octubre de 2018 a la fecha— se registraron 82 mil 049 detenciones en la frontera sur en comparación a 104 mil 367 registradas en el mes de junio de 2019. Esto significa 22 mil 318 detenciones menos en comparación al mes anterior y la cifra más baja de marzo a junio de este año.

Aunque las cifras registradas a lo largo del año Fiscal 2019 son mayores en comparación al año 2018, desde la aplicación del acuerdo ente México y Estados Unidos, las cifras de detenciones del vecino país del norte han ido en descenso, tanto en el número de detenciones de menores no acompañados como unidades de familias. En julio, el número de menores no acompañados registrados que se internaron por la frontera fue de cinco mil 561 contra siete mil 372 registrados en el mes de junio.



REPATRIADOS A BAJA CALIFORNIA

A la movilización en esta frontera se suman diariamente decenas de migrantes que son retornados como parte de una medida unilateral implementada por Estados Unidos desde principios de este 2019. De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Migración (INM) el primer migrante retornado ingresó a suelo mexicano el 29 de enero. A la fecha han ingresado poco más de siete mil migrantes centroamericanos retornados y se han otorgado 10 mil Claves Únicas de Registro Poblacional (CURP) para que puedan incorporarse a la vida laboral en esta región fronteriza. A la fecha la autoridad migratoria mexicana ha otorgado poco más de dos mil CURP a migrantes centroamericanos que han sido retornados, como parte del Programa de Protección al Migrante (PPM).

La CURP se otorga por seis meses, mientras que los permisos temporales para permanecer en suelo mexicano se otorgan por 180 días. Quienes requieren de mayor tiempo para permanecer en el estado pueden tramitar un nuevo permiso en tanto esperan su cita ante el juzgado norteamericano.



Activistas que trabajan con el sector migrantes confiaron que en los próximos días, la tensión que se ha vivido en la ciudad en el tema migratorio disminuya y continúen los trámites sin interrupción, a la par que disminuyan los operativos por parte de la Guardia Nacional e INM para frenar el flujo migratorio.

“Yo pienso que las redadas y todo lo que está pasando es por el trato que hizo Estados Unidos con AMLO” Alberto Rivera Director del albergue Agape.

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