Una de las formas más comunes en que los gobiernos atentan en contra de la autonomía de las universidades públicas, es no entregar los recursos o partidas que les corresponden a tiempo, lo cual vulnera la posibilidad de que las instituciones de educación superior realicen su labor de cumplir con la enseñanza, investigación y difusión de la cultura.
En el marco del inicio de un ciclo de conferencias llamado “Con A de autonomía” organizado por la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), Máximo Carvajal Contreras, experto en derecho y catedrático, abundó que ha identificado al menos 33 formas modernas de atentar en contra de la autonomía de las universidades públicas, lo cual explicó durante su participación en el evento.
Una de las maneras más comunes de vulnerar la autonomía, es que las entidades federativas, o bien, la misma federación, implementen recortes en los presupuestos, además que limiten la ministración de los recursos una vez aprobado el presupuesto para las universidades.
“Hay una forma de intromisión, en no dar los recursos o las ministraciones, no entregarla en las periodicidades que deben de ser; el problema es que las universidades no pueden hacer nada al respecto, la violación es no cumplir la entrega de esos recursos”, explicó.
Abundó que los riesgos que podrían sufrir las universidades y su autonomía, son aquellos que atentan contra el artículo tercero constitucional en su fracción séptima, ya que estas deben de contar con la libertad para determinar su vida interna, para hacer sus propias disposiciones legales y para practicar la enseñanza con la libertad de cátedra, al igual que la investigación y fomentar la ciencia y la cultura en la sociedad.
“La autonomía significa tener todas estas libertades, y cuando hay una intromisión, ya sea de los poderes o de los poderes fácticos, o dogmas o religiones”, abundó.
Otro ejemplo de la vulneración de la autonomía, dijo que es el caso ocurrido en la Universidad de Sinaloa, en donde se implementó una ley que no fue primero socializada y aprobada por la comunidad universitaria de aquel Estado.
Explicó que los Congresos Estatales tienen la facultad de legislar y modificar leyes, sin embargo, los anteproyectos de las leyes deben de pasar por el visto bueno de la universidad a la que se le aplicará la nueva disposición jurídica.
“Por ejemplo, aplicaron una ley sin que la comunidad universitaria de ese estado, la conociera, la discutiera y la aprobara”, mencionó el experto.
Solo las autoridades competentes pueden fiscalizar
Por su parte, Renán Ermilo Solís Sánchez, también especialista en derecho, precisó que las universidades sí deben de rendir cuentas, pero a los entes que sí tienen la atribución de auditarlas.
Sobre el caso reciente en el que el Congreso de Baja California solicitó la comparecencia del ex rector, Daniel Octavio Valdez Delgadillo, quien no hizo caso al llamado, Solís Sánchez indicó que solo se puede hacer a través de la Auditoría Superior del Estado y de igual forma, a través de la Auditoría Superior de la federación, en donde solo pueden fiscalizar en materia de las partidas de origen estatales y federal, respectivamente.
“Muchas veces, en términos de auditorías, hay entes que no tienen la competencia y quieren entrar a la universidad para revisar todo, las universidades deben rendir cuentas claras y de frente a la sociedad, pero eso sí, quien desee auditar a una universidad, tiene que ser la autoridad competente, no cualquiera (en donde) exista un mandato; y que ese mandato esté fundamentado”.
Lo anterior se informó en el marco de las conferencias “Historia de la Autonomía Universitaria”, impartida por Carvajal Contreras; Gobernanza Universitaria, impartida por Sara Ladrón de Guevara; “Autonomía universitaria, un régimen inagotado”, de Solís Sánchez; y Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con la autonomía universitaria, de Margarita Beatriz Luna Ramos.
