Dirigentes estatales del PRI y MC, así como regidores de oposición, se manifestaron en contra de la implementación de un acuerdo reparatorio por 3 millones de pesos y señalan responsabilidades penales sobre el tema.
En 2018 fueron sustraídos 3 millones de pesos de lo que hoy se denomina como Bienestar Social Municipal (BISOM), por lo que después de una investigación, se dio con el responsable y el Ayuntamiento de Mexicali llegó a un acuerdo reparatorio que consiste en pagos mensuales por poco más de 86 mil pesos, por un periodo de 3 años.
La dirigente estatal del PRI, Guadalupe Gutiérrez Fragoso manifestó que el acuerdo reparatorio del Ayuntamiento es ilegal, por lo que tanto la alcaldesa como su tesorero y síndico procurador, están cayendo en responsabilidad en un asunto de carácter penal.
“El Ayuntamiento es Montessori, la presidenta municipal y su equipo, principalmente el síndico y su tesorero, seguramente están en responsabilidad porque están administrando los recursos de los mexicalenses, no son los recursos de su casa”.
Es decir, a los funcionarios sólo se les permite hacer lo que dice la ley, ahí hay un peculado, alguien que toma un recurso y lo transfiere, y luego le otorgan un acuerdo reparatorio ilegal, el PRI por supuesto que está en contra de esas actitudes, de ese tipo de acuerdos en lo oscurito, por supuesto que el PRI no está de acuerdo.
Por su parte, la dirigente estatal de Movimiento Ciudadano (MC) en Baja California, Bertha Sánchez Lara, dijo que los ciudadanos no debemos permitir que a un acto ilegal y que viola la Ley, como es el robo, se pretenda minimizar.
Agrega la Coordinadora Estatal de MC que:
“el dicho de los gobiernos emanados de Morena en el sentido de “no mentir, no robar y no traicionar” son solo pura politiquería barata que ponen en claro que no están del lado de los ciudadanos y que manda el erróneo mensaje de que robar no es delito.
REGIDORES EN CONTRA
Las Regidoras Bárbara García (MC), Victoria Eugenia Guerrero (PAN), Edel de la Rosa (PAN), los Regidores Luis Manuel Martinez (PES), Ysmael Rodríguez (independiente) y Manuel Rudecindo García Fonseca (PAN), refirieron la falta de transparencia y respuesta en el desvío de recursos, ya que en octubre de 2022 en la glosa del informe de actividades de la Alcaldesa, se cuestionó el proceso que seguía este delito y a la cual nunca se obtuvo respuesta.
Los ediles municipales expresan los siguientes puntos el porqué están en contra:
El “acuerdo reparatorio”, no restituye al Ayuntamiento de Mexicali, ni a sus habitantes el daño patrimonial cuando después de más de 3 años de ocurrido el desvío no se ha aplicado sanción alguna.
El acuerdo mencionado, se da en total opacidad y no de cara a la ciudadanía, ni a los representantes populares.
El documento en cita no resuelve la participación de ningún otro involucrado que por acción u omisión hubiese tenido intervención o conocimiento de la desviación de recursos.
Con la “solución” firmada se propician prácticas corruptas que lesionan la hacienda municipal y promueve las malas prácticas para los funcionarios públicos.
