Por 20 votos a favor y 4 en contra, el congreso local aprobó que se impongan hasta 6 años de prisión y multa de hasta 2 mil veces de unidad de medida, a quien obligue a una persona o bien, aplique terapias de conversión sexual.
En la sesión plenaria de este jueves, se presentó el dictámen número 2 de la Comisión de Igualdad de Género y Juventudes, en la que de adhiere en Capítulo XII denominado Delitos Contra la Orientación Sexual, la Identidad y Expresión de Género, al Título Primero del Código Penal para el Estado de Baja California; se reforma el Artículo 21 de la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Estado de Baja California, cuyas inicialistas son las diputadas lo ales por Morena, Julia Andrea González Quiroz y Evelyn Sánchez Sánchez.
Es así que se imponen de 2 a 6 años de prisión y multa que va de 500 a 2 mil veces la unidad de medida, a quien realice, imparta, aplique, obligue a cualquier tipo de tratamiento, terapia o práctica que obstaculice, impida, restrinja, menoscabe o suprima la identidad, orientación sexual u orientación de género de una persona.
Los votos en contra fueron por parte de las diputados del PAN Alejandrina Corral Quintero y Amintha Briceño Cinco, además del diputado Diego Echevarría, además del legislador sin partido, Miguel Peña.
Corral Quintero, coordinadora de los diputados del PAN, argumentó que la iniciativa responde más a un carácter ideológico, ya que no presenta cifras de casos, denuncias o elementos, se deja en la vulnerabilidad a los profesionales a médicos, sicólogos, siquiatras, incluso a los profesionales de tipo deportivo.
Consideró que está iniciativa era innecesaria, ya que delitos como la privación ilegal de la libertad y tortura, ya están tipificadas en el Código Penal.
El diputado por Morena, Juan Manuel Molina García, argumentó que hay tipos penales genéricos y específicos, y es en estos últimos que se aplican para quienes con la mentalidad del pasado, creen que se puede cambiar las tendencias con las que se nacen.
La diputada por el PES, Montserrat Rodríguez Lorenzo destacó que votó a favor de la iniciativa debido a que en su experiencia como médica, nunca ha encontrado evidencia sobre la efectividad de estas terapias.