Ponen la Ley Bonilla en manos de la SCJN

Partidos de oposición llevaron al máximo tribunal su queja contra la extensión de mandato en Baja California.

Carlos Lara y Rafael Ramírez/ El Sol de México

  · viernes 18 de octubre de 2019

Los perredistas Ángel Ávila, Adriana Díaz, Jaime Martinez Veloz, Fernando Belaunzarán y Camerino Márquez tras impugnar la Ley Bonilla en la SCJN. Foto: Daniel Hidalgo

CDMX. Las dirigencias nacionales de Acción Nacional (PAN), de Movimiento Ciudadano (MC), del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Revolucionario Institucional (PRI) presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) las primeras acciones de inconstitucionalidad en contra de la llamada Ley Bonilla, en las que se pretende ampliar el periodo de gobierno de dos a cinco años.

El PAN solicitó al máximo órgano de justicia en el país que declare inconstitucional la reforma a la Constitución de Baja California ya que se deja abierta la posibilidad de que mandatarios estatales o federales puedan perpetuarse en el poder.

Marko Cortés Mendoza, líder nacional del PAN, refirió que su partido dice no a la ampliación y a la revocación del mandato. “Venimos a decirle al otro poder que haga respetar la Constitución, venimos a confiar en que aquí se le dirá no a Jaime Bonilla y se le dirá no a Morena en su pretensión de ampliarse el mandato”, señaló.



Por su parte, el dirigente de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, destacó que la Ley Bonilla violenta la voluntad popular. “La elección en Baja California fue una elección de dos años, no de cinco como lo pretende el señor Bonilla, la elección de Baja California estuvo plagada de irregularidades. La Suprema Corte de Justicia, en la que confiamos, tiene como tarea el día de hoy defender el orden constitucional, la voluntad popular y la democracia mexicana”.

En tanto, Ángel Ávila Romero, dirigente nacional del sol azteca, dejó claro que la Ley Bonilla va en detrimento de la vida democrática y del pacto federal y “pone en riesgo todas las conquistas democráticas ganadas a lo largo de más de 30 años de transición política”.

“Hoy lo que vemos es un intento por parte de Morena de alargar de manera ilegal un periodo de gobierno donde este personaje fue electo para dos años y ahora quiere gobernar cinco años”.

Mientras, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, sostuvo que esta intención violenta todo el proceso democrático, por lo que el Comité Ejecutivo Nacional y los abogados del partido estaremos muy atentos.



“Se viola para lo que el pueblo eligió, ya que fue un mandato de dos años, además de que quieren pretender una reforma que no es correcta para violentar el proceso democrático a cinco años, por lo que el PRI siempre le va a apostar por las instituciones democráticas pero debemos dejar claro que se respeten las libertades y los derechos de todos”.

Por su parte, Gustavo de Hoyos Walter, dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), señaló que su gremio no puede presentar una acción de inconstitucionalidad, ya que sólo los organismos del Estado están facultados para ello, sin embargo, señaló que acompañarán las acciones promovidas por actores que si pueden hacerlo.

La legislación impugnada por los partidos, y que ya fue publicada en el Periódico Oficial de Baja California, que establece que el mandato de Jaime Bonilla Valdez, próximo gobernador del estado, se ampliará de dos a cinco años.



Dicha ley fue aprobada por la pasada legislatura, de mayoría panista, el 8 de julio, y con la cual queda eliminada la reforma electoral del 2014, en donde se pretendía emparejar las elecciones intermedias federales del 2021 con las locales.

El gobierno de Jaime Bonilla Valdez entrará en funciones a partir del 1 de noviembre, por lo que sólo quedan 13 días. Será en los próximos días cuando la SCJN determine si admite trámite estos recursos, sin embargo, con la renuncia de Medina Mora, actualmente el pleno de la Corte sólo tiene 10 ministros, lo que deja abierta la posibilidad de un empate, si estos recursos se discuten antes de nombrar al ministro faltante.